Valparaíso despierta con el ruido de maquinaria pesada donde debería escucharse el mar. En Playa San Mateo un bien nacional de uso público, es decir, de todos hoy operan perforadoras al amparo de un permiso que, más que sostenerse en derecho, parece construido para acomodar una decisión ya tomada.
El 10 de abril, el Capitán de Fragata LT Jacob Silva Pradenas, en su calidad de Capitán de Puerto de Valparaíso, firmó la Carta N° 12.200/20. En ella autoriza a la empresa Geovenor Explora SpA a realizar sondajes en la playa, vinculados a la expansión portuaria. No es una abstracción: es un acto administrativo concreto, con nombre, firma y responsabilidad.
¿En qué se basa? En la destinación marítima otorgada a la Armada mediante el Decreto Exento N° 111 de 2004. Pero ese decreto no es un cheque en blanco. Es claro: el uso del sector está limitado a fines institucionales, como logística naval e instrucción.
Entonces la pregunta es simple: ¿desde cuándo los estudios de suelo para una empresa portuaria privada son “logística institucional”?
Aquí no hay una interpretación discutible. Hay un uso forzado de una facultad pública para habilitar una actividad privada. En términos jurídicos, esto tiene nombre: desviación de poder.
Pero lo más grave no está solo en lo que autoriza, sino en cómo lo justifica.
En el propio documento, el Capitán de Puerto vincula esta intervención al llamado “Acuerdo por Valparaíso”, un pacto político entre autoridades civiles. Y con eso cruza una línea peligrosa: una autoridad bajo mando militar no puede fundamentar sus decisiones en acuerdos políticos sin tensionar el principio de prescindencia que rige a las Fuerzas Armadas.
Y luego viene lo más delicado de todo. El mismo documento señala expresamente que esta autorización “tuvo el visto bueno de la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval”.
Aquí ya no estamos frente a una decisión individual discutible. El Capitán no solo firma: involucra a su superior jerárquico y lo incorpora en la justificación del acto. Lo mete, por escrito, en una decisión que se apoya en argumentos políticos y en una interpretación forzada de la ley.
Eso escala el problema. Porque ya no es solo una mala decisión administrativa: es la institución entrando en un terreno que no le corresponde.
Y mientras todo esto ocurre, hay una pregunta que sigue sin respuesta:
¿dónde está la evaluación ambiental?
La ley es clara. La autoridad marítima no solo administra, también debe proteger el medio ambiente. Perforar, intervenir el subsuelo, operar maquinaria en el borde costero no es neutro. Y sin claridad sobre su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que hay no es certeza, es opacidad.
San Mateo no es un terreno disponible para reinterpretaciones administrativas ni para cumplir acuerdos políticos por la vía rápida.
Si esto se acepta, el precedente es grave: cualquier destinación marítima podría transformarse en un atajo para habilitar proyectos privados sin concesiones, sin controles y sin transparencia.
Y eso ya no es un problema técnico. Es un problema institucional.
Porque cuando una autoridad usa la ley para justificar lo injustificable, y además compromete a su propio mando en esa decisión, lo que está en juego no es solo una playa.
Es el límite del poder.
Defendamos la ciudad
Jorge Bustos
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