La defensa de la extensión del Terminal 2 en Valparaíso revela algo más profundo: cuando se cuestiona el modelo, los mismos de siempre salen a proteger un negocio que ha funcionado perfecto para ellos, pero no para la ciudad.
En El Portal Portuario, el día de hoy 21 de Abril del 2026, otra vez aparece un ejecutivo del sector portuario. Esta vez, Camilo Fernández, de Agunsa, hablando de “incertidumbre” y defendiendo la extensión de su operación en el Terminal 2 de Valparaíso hasta 2029.
No es nuevo. Es el libreto de siempre. Cada vez que se abre una discusión real sobre el modelo portuario, aparecen vocerías empresariales alertando sobre riesgos, ineficiencias y supuestos peligros para la continuidad. Pero cuando uno escarba un poco, se da cuenta de que no están defendiendo al puerto. Están defendiendo su posición dentro del puerto.
Porque aquí no hay ningún misterio. La concesión termina en 2027. Y cuando un contrato termina, en cualquier mercado que se diga competitivo, lo que corresponde es competir.
No pedir prórroga. No instalar miedo. No presionar desde los medios, suplicando.
Hablar de “incertidumbre” en este contexto es invertir la carga de la prueba. La verdadera incertidumbre no es del sistema portuario. Es de quienes, durante casi treinta años, han operado en condiciones que hoy empiezan a ser cuestionadas.
Se nos dijo durante décadas que este modelo era exitoso. Y claro que lo fue: aumentó la transferencia de carga, modernizó infraestructura, ordenó la operación. Pero hay una parte de esa historia que se ocultó deliberadamente: las ciudades puerto no han sido parte de ese éxito.
Valparaíso y San Antonio no son precisamente vitrinas de desarrollo y prosperidad. Son territorios tensionados, con deterioro urbano, conflictos ambientales y economías locales subordinadas a una lógica extractiva, ciudades empobrecidas. Mientras el negocio crece, la ciudad retrocede. Esa es la ecuación real.
Y en ese contexto, resulta casi irónico escuchar que el multioperador sería “el mayor retroceso”. Porque lo que realmente se está defendiendo no es la eficiencia, sino un modelo de monooperación que concentra, excluye y levanta barreras de entrada.
Un modelo que dejó fuera a actores más pequeños, incluidos muchos dentro de la propia industria, como los representados en ASONAVE, que ven cómo el sistema se cerró progresivamente en favor de unos pocos.
Y la contradicción es evidente. Se defiende el monooperador como sinónimo de eficiencia, pero al mismo tiempo se reconoce que ese mismo modelo puede terminar desplazando cargas como la fruta o el acero porque el contenedor es más rentable. Es decir, el problema no es externo. Está en el corazón del sistema que se quiere prolongar, para no molestar y contradecir a su vecino TPS.
Tampoco resiste análisis el discurso del “compromiso con la región”. Porque cuando las decisiones estratégicas no se toman en Valparaíso, cuando las gerencias están lejos y cuando la lógica del negocio responde a circuitos globales, la ciudad deja de ser un actor y pasa a ser soporte.
Soporte de una actividad que utiliza su borde costero, su infraestructura vial y su territorio, pero que no redistribuye nada en proporción a la renta que extrae.
A eso se suma otro elemento que rara vez se dice en voz alta: la integración vertical.
Hoy, las grandes navieras no solo transportan carga, también operan en nuestros terminales e influyen en las condiciones del mercado, me refiero a sus socios trasnacionales.
Eso no es competencia. Es control.
Por eso la llamada “judicialización” no es un problema técnico, como se intenta instalar.
Es la expresión de comunidades, organizaciones y actores que ya no están dispuestos a aceptar decisiones tomadas sin ellos.
Entonces, cuando hoy se habla de extender contratos para “resolver” el periodo entre 2027 y 2030, lo que se está haciendo en realidad es otra cosa: se está intentando cerrar una discusión antes de que ocurra.
Se busca transformar una decisión política en un trámite administrativo. Pero esa discusión ya se abrió. Y no tiene que ver con plazos. Tiene que ver con el modelo.
Porque la pregunta sigue ahí, intacta: Sí el sistema es tan eficiente como dicen, ¿por qué necesita prórrogas para sostenerse?
La respuesta no está en la técnica. Está en los intereses.
Y lo que queda en evidencia una vez más es que, cada vez que este modelo se pone en cuestión, aparecen las mismas voces, en los mismos espacios, con los mismos argumentos.
No es, para defender al país. No es, para defender a Valparaíso. Mentiras.
Es para defender, como siempre, los privilegios que han tenido durante 30 años.
Jorge Bustos
Defendamos la ciudad
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