Es un sistema que permite que recursos públicos terminen en negocios privados dentro del propio hospital
En Valparaíso, la vaguada costera no es solo un fenómeno climático; es una forma de desaparecer lo evidente. Una neblina espesa sube desde el mar, cubre el plan de la ciudad, y se cuela por las quebradas y borra el puerto completo. Desde los cerros, lo que está ahí deja de verse. No desaparece, pero queda oculto.
Algo parecido ocurre con el funcionamiento real del sistema público en Chile. Durante años se nos ha enseñado que los problemas de la salud pública son falta de recursos, mala gestión o exceso de demanda. Pero a veces el problema no es la escasez, sino el desvío. No es que falte plata: es que se organiza para terminar en otra parte.
El caso del Hospital Carlos Van Buren permite ver ese mecanismo con claridad. El 2 de mayo de 2025 se levante una denuncia pública inicial. Meses después, el 9 de noviembre del mismo año, nuevos antecedentes reforzaron lo que ya se advertía. Los informes finales de la Contraloría Regional de Valparaíso estaban sobre la mesa, lo que antes podía discutirse como sospecha quedó establecido como hecho: no estamos frente a errores administrativos, sino ante un patrón de funcionamiento, una fórmula para apropiarse de los recursos que eran para la salud de los más pobres.
Lo que la fiscalización dejó establecido no es una irregularidad menor, sino un mecanismo: médicos contratados por el propio hospital que, a través de sociedades privadas, se vuelven a contratar como si fueran prestadores externos. Es decir, el mismo funcionario que tiene la obligación de cumplir una jornada pública, crea una estructura paralela para cobrar por fuera, usando los recursos del mismo sistema.
Para que esto funcione, no basta con una persona. Se requiere un engranaje completo: primero, la creación de sociedades médicas que simulan independencia; luego, la validación administrativa de esos servicios; después, el pago sin controles efectivos; y finalmente, la ausencia de fiscalización oportuna. Y en este engranaje deben estar metidos moros y cristianos, es decir el partido del poder, la costra putrefacta y parasitaria del estado profundo.
El resultado es concreto: más de 643 millones de pesos desembolsados del Hospital sin respaldo suficiente, mientras los pacientes acumulan años de espera en garantías GES y se suspenden cirugías por falta de insumos básicos.
Aquí es donde la neblina deja de ser metáfora y pasa a ser método. Porque este tipo de esquemas no opera escondido en la ilegalidad burda, sino en zonas grises que el propio sistema permite. Se sostiene en la fragmentación institucional, en controles débiles y en una cultura donde el conflicto de interés no se persigue con rigor.
La neblina no se detiene en las puertas del hospital. También avanza hacia los espacios donde esas prácticas deberían enfrentarse. La neblina llega a los tribunales y los atraviesa, alcanza a los organismos persecutores y se instala como una forma de funcionamiento: los hechos están documentados, los mecanismos identificados, pero las consecuencias se diluyen en procesos que se extienden y responsabilidades que se fragmentan. No es ausencia de información, es una forma de administrar sus efectos y la impunidad.
El tiempo, en este contexto, no es neutro. Ha pasado casi un año desde la denuncia inicial, meses desde que los informes de la Contraloría confirmaron los hechos, y sin embargo, no existe una presión sostenida ni desde el sistema político ni desde los grandes medios de comunicación para que esto avance con la urgencia que requiere. Lo que debería escalar como un escándalo público de primera línea, queda rápidamente relegado, como si incomodara demasiado sostener la mirada, ¡claro son doctores!
Mientras tanto, la discusión pública sigue girando en torno a listas de espera, falta de especialistas o necesidad de más financiamiento. Todo eso puede ser cierto, pero queda incompleto si no se mira el otro lado: cómo los recursos existentes pueden ser desviados mediante mecanismos perfectamente diseñados por delincuentes, para parecer legales.
Y así, entre el paso del tiempo, la falta de presión y la dilución de responsabilidades, la neblina no solo oculta lo que ocurre dentro del sistema, sino también oculta, tapa lo que debería ocurrir después. Porque cuando los hechos son claros, están documentados y aun así no generan consecuencias, lo que se protege no es el interés público, sino la continuidad del mecanismo y la corrupción.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad
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