El Puerto de Valparaíso, uno de los más importantes de Chile, ha estado bajo la lupa en los últimos años debido a una serie de proyectos y políticas que buscan soterradamente implementar un modelo de monopolio en su gestión. Este modelo ha sido criticado por su enfoque en la eficiencia y las ganancias para el oferente, a costa del bienestar social y económico de la comunidad local, y con grandes costos para el erario nacional.

Una de las formas de justificar el monopolio propuesto se basa en la búsqueda de eficiencia operativa en el Puerto de Valparaíso, lo que ha resultado en una serie de pérdidas para el Estado y la comunidad. Aunque el puerto opera con un alto nivel de eficiencia, alcanzando un 100% según estudios de la Universidad de Chile, esta eficiencia ha venido acompañada de costos sociales significativos. Las políticas de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), apoyadas por el Sistema de Empresas Públicas (SEP), han concentrado las ganancias en pocas manos, mientras que los costos, como las pensiones portuarias e indemnizaciones, se han convertido en cargas permanentes para el Estado.

El Mall Barón: Rechazado por los tribunales debido a la violación de leyes tan básicas como la de urbanismo, la ambiental y la opacidad de los acuerdos financieros del contrato. Este proyecto tuvo a la comunidad 13 años en tribunales, perdiendo tiempo vital para planificar adecuadamente con esa comunidad.

El Terminal 2: Este proyecto también fue rechazado varias veces por no cumplir con las normativas ambientales y patrimoniales, y por la falta de transparencia en el proceso de licitación. Un ejemplo notable es la falta de transparencia en el tema de la prioridad respecto a la movilidad de la carga con el Terminal 1, el famoso 80/20 descrito en preguntas y respuestas de la licitación de 1999.

Estos proyectos fallidos reflejan una falta de consideración por las leyes y regulaciones que el país se ha dado, priorizando la eficiencia y las ganancias para los oferentes sobre el bienestar de la comunidad, el medio ambiente y el territorio patrimonial.

Otra mirada crítica revela la disparidad entre los sueldos de los gerentes del puerto y los aportes reales al Estado. Los elevados salarios de los directivos contrastan con los aportes insuficientes al erario, generando cuestionamientos sobre la justificación de estas remuneraciones.

La concentración de ganancias ha llevado al cierre de decenas de empresas locales del rubro, creando una sobreoferta de oficinas vacías y afectando negativamente al sector comercial y de servicios, incluyendo cafés y restaurantes. El deterioro del espacio público, evidenciado por la proliferación de comercio ambulante, es otro síntoma de las políticas deficientes implementadas por las autoridades

El modelo de monopolio propuesto para el Puerto de Valparaíso plantea serias preocupaciones. Si bien la eficiencia operativa es deseable, no puede alcanzarse a expensas del bienestar social y económico de la comunidad. Es fundamental que las políticas portuarias busquen un equilibrio que beneficie tanto a la industria como a la sociedad en su conjunto, promoviendo un desarrollo sostenible e inclusivo. La promulgación de la ley 19.542 y su aplicación no ha sido rentable ni para el Estado ni para las ciudades que albergan los puertos.

Jorge Bustos