“Del cobre al silencio: el último despojo”

El cierre de la fundición de Potrerillos no es una decisión técnica: es una cesión de soberanía industrial, fiscal y territorial. Es el último golpe a una historia de despojo que comenzó con la privatización encubierta del cobre chileno.

En 1971, Chile nacionalizó el cobre con una unanimidad parlamentaria que hoy parece imposible. Fue una decisión estratégica, no solo económica: se trataba de recuperar el control sobre el “sueldo de Chile”, sobre el recurso que había sido explotado por décadas por empresas extranjeras sin dejar más que cicatrices. La nacionalización fue un acto de soberanía, de dignidad, de memoria. Pero esa memoria ha sido erosionada sistemáticamente.

Desde los años 80, bajo dictadura, comenzó la privatización encubierta del cobre. No se vendió Codelco directamente, pero se entregaron concesiones, se flexibilizó la legislación, se permitió que empresas privadas explotaran y exportaran sin pagar royalty efectivo. Hoy, más del 70% del cobre chileno es producido por empresas privadas, muchas de ellas extranjeras. Codelco, la empresa estatal que debía ser el pilar del desarrollo nacional, ha sido debilitada por dentro: endeudada, presionada, fragmentada.

La posible reestructuración o cierre de la Fundición y Refinería de Potrerillos (FURE) no es un ajuste operativo: es una renuncia estratégica. Potrerillos no es solo una planta antigua. Es una de las tres fundiciones estatales operativas junto a Chuquicamata y Caletones y la única que procesa concentrado en el norte del país. Es un nodo que permite a Chile transformar su propio cobre, recuperar subproductos valiosos como el oro, la plata y el molibdeno, y evitar que esos metales preciosos sean capturados por refinerías extranjeras.

Según estimaciones técnicas, el depósito de Potrerillos contiene hasta 793.1 toneladas de oro. Si se recuperan 30 toneladas al año, y se considera el precio actual del oro US$ 4.300 por onza, proyectado a US$ 5.000— la pérdida anual supera los US$ 4.140 millones. Esta cifra no es solo un cálculo económico: es una cesión directa de valor agregado, de soberanía fiscal, de capacidad transformadora. Es la diferencia entre exportar roca y construir patrimonio.

El cierre de Potrerillos afectaría directamente a la pequeña y mediana minería del norte, que históricamente ha dependido de esta fundición para procesar su mineral. Miles de trabajadores quedarían sin opciones viables, y el país perdería una herramienta clave para sostener la minería regional. Entendemos que Codelco enfrenta una deuda de US$ 24.000 millones, pero priorizar la reducción de costos a través del cierre de activos estratégicos en vez de modernizarlos es una política de corto plazo que hipoteca el futuro de la empresa y del país.

La experiencia de modernización en Ventanas demuestra que es posible adaptar plantas a nuevas normativas ambientales. Potrerillos merece el mismo esfuerzo. Chile no puede convertirse en un simple exportador de concentrado. La Fundición de Potrerillos representa nuestra capacidad de recuperar el valor completo de nuestro patrimonio metálico. Su cierre no es solo una decisión contable: es una cesión directa de soberanía industrial, de valor agregado y de memoria territorial.

Los gremios deben exigir transparencia total sobre los estudios que justifican esta decisión, un plan de modernización ambicioso y un diálogo nacional que incluya a trabajadores, comunidades, expertos y parlamentarios. Porque lo que está en juego no es solo una planta: es el futuro de nuestra capacidad de transformar, de resistir y de recordar.