A los diputados, senadores, ministros y autoridades que durante años firmaron, votaron y omitieron, mientras millones de chilenos pagábamos tarifas eléctricas infladas por un error técnico que ustedes ni detectaron ni corrigieron:
Hoy sabemos y lo acreditan los informes y la evidencia pública que un grave error metodológico en el cálculo tarifario consistió en la duplicación del ajuste por IPC, lo que infló las facturas que pagamos los consumidores. La detección del problema fue pública y la Comisión Nacional de Energía lo reconoció tras la intervención de la SEC; la Contraloría ya anunció auditoría a los procesos de la CNE. El impacto estimado, según reportes periodísticos, ronda los US$115 millones de cobros en exceso, y el ajuste metodológico proyecta una reducción de las tarifas del orden del 2% a nivel nacional (con rebajas mayores en algunas zonas).
Ustedes lo hicieron mal, lo hicieron en silencio, y cuando la falla emergió, algunos corrieron a disfrazar la responsabilidad. En 2019 el Congreso aprobó la Ley N°21.185, que creó mecanismos transitorios de estabilización de precios y obligó a negociaciones entre el Estado y las grandes empresas eléctricas —negociaciones que terminaron por generar acreencias millonarias a cargo de las empresas y por ende complejizaron la transparencia de los cobros. Pero nada de eso exonera su deber de fiscalizar y de proteger a los consumidores.
Durante la pandemia y en los años posteriores se negociaron congelamientos y mecanismos de financiamiento con grandes actores del sector (Enel, Engie, Colbún, AES, entre otros), y fueron esos marcos los que, en la práctica, permitieron que se trasladaran montos y ajustes sin control ciudadano ni auditorías públicas suficientes. Mientras tanto, ¿quién firmó el pagaré? Nosotros. ¿Quién asumió la deuda? Nosotros. ¿Quién pagó los intereses? Nosotros. ¿Y quién se lavó las manos? Ustedes.
Por eso exigimos hoy, de manera inmediata y pública:
Auditoría independiente e integral: que la Contraloría lleve adelante en plazo perentorio y con peritos externos independientes una auditoría completa de los decretos y metodologías tarifarias desde 2017 hasta la fecha, y que el informe sea publicado íntegramente.
Devolución efectiva e inmediata: que se devuelvan a todos los consumidores los cobros indebidos con interés legal desde la fecha del pago, y que exista un mecanismo ciudadano expedito de reclamo y reintegro.
Responsabilidades administrativas y penales: que se investigue y, en su caso, se sancione administrativa y penalmente a quienes actuaron con negligencia grave o dolosa; nada de renuncias simbólicas sin investigación.
Transparencia total sobre acuerdos Estado–empresas: publicación de los montos, plazos y cláusulas de las negociaciones que financiaron el congelamiento; que la ciudadanía conozca quiénes financiaron y con qué condiciones.
No bastan excusas técnicas ni renuncias tardías: queremos soluciones concretas, con plazos y con responsabilidad comprobable. No permitiremos que el costo político y económico de este error lo sigan pagando solo los hogares y las PYMEs.
Esta carta no es solo un reclamo. Es una advertencia. Si ustedes no corrigen esta aberración, lo haremos nosotros: con demandas colectivas, con acciones judiciales para la restitución y con mociones para que el Congreso exija responsabilidades. No alegaremos solamente inconstitucionalidad abstracta; iremos por la vía administrativa y judicial que haga efectiva la devolución de lo cobrado indebidamente, por la vía civil y, si correspondiere, por la penal.
Y no esperen que algún diputado o senador que hoy busca la reelección se atreva a levantar esta bandera: muchos fueron parte de ese silencio. Por eso convocamos a la ciudadanía a informarse, a reclamar y a sumarse.
Esta vez, no nos quedaremos callados. Esta vez, la cuenta la van a pagar quienes la inventaron.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad
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