Desde el día 18 del mes en curso la prensa regional ha destacado el grave conflicto que tiene a la industria de cruceros en ascuas; es más, para hacer que el tema tome ribetes dramáticos el “último” barco turístico fue desviado, privándolo de conocer las numerosas bondades de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Esto en términos propagandísticos podría comparase con el tongo del gas en Siria o con las Torres Gemelas. El impacto se hace sentir, logrando instalar el discurso de “que terrible, no puede ser, que horrible cuando la ciudad tiene tanta gente sin trabajo”. 

Para echarle más leña al fuego y desviar la atención, la ultrajada Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) afirma públicamente que “revisará normativa y contratos” para defender a Valparaíso. Pero pongamos las cosas en perspectiva: el problema real de EPV no es el último crucero desviado, pues los trabajadores habían dado garantías que se trabajaría con absoluta normalidad. En términos simples este hecho constituye solo un distractor para cubrir los problemas reales que tiene la empresa. 

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El terminal de turistas Valparaíso, Terminal Pasajeros (VTP), ha sido dos veces declarado por Contraloría como apartado de la legalidad, y hoy está nuevamente en juicio no solo su construcción,  sino también la legalidad de su recepción por parte del municipio. Se suma a lo anterior el subsidio al Grupo Urenda por parte de EPV el que asciende a casi 8 millones de dólares, por haber licitado el mismo espacio dos veces (Bodega Simón Bolívar). 

El proyecto de acceso para el Terminal Nº 2 ha sido rechazado tanto por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) como también por el Core y el Municipio; es decir, el terminal concesionado no tiene por donde sacar su carga y tampoco tiene por donde entrar las rocas para construir el supuesto “nuevo frente de atraque”, literalmente está encerrado. Pero eso no es todo, ha salido a la luz que la agobiada EPV subsidia a OHL en 50 millones de dólares, más otros caramelos que son de costo de todos los chilenos y chilenas, y que contradicen toda normativa vigente. 

Otro problema que enfrentan los directivos y gerentes de la EPV es que entrega el monopolio de las “Inspecciones Aduaneras y Fitosanitarias” a una empresa (Zeal/Azvi) que supuestamente pagaría al Estado por la monopolización; sin embargo, ahora dicha empresa desvía a otra la facturación y el trabajo, y no paga nada al Estado. 

De acuerdo a estos antecedentes, los problemas de EPV son más graves que la alharaca mediática por el crucero desviado. En mi opinión, acá solo trata de ocultarse el hecho que la Estatal Portuaria Porteña tiene vínculos comerciales con Indra, OHL y Azvi, empresas españolas consideradas dentro de las más corruptas a nivel mundial; las dos primeras sometidas a proceso por el financiamiento ilegal de la política en España y la tercera, conocida por todos como la artífice del mentado y actual atracción turística chilensis el bochornoso puente CAU CAU. 

Al igual que todos los porteños preocupados por nuestra ciudad, espero y confío que EPV y la Fiscalía revisen acuciosamente los “contratos y normativas” involucrados para que de una vez por todas dejen de regalar nuestro dinero a corruptos nacionales y extranjeros que se enriquecen con el dinero que nos pertenece. 

Jorge Bustos