La aplicación del actual orden económico, con todas las secuelas que han quedado en evidencia en el último tiempo, ha sido posible por la decadencia de las organizaciones gremiales y sindicales, y el ocaso de sus más connotados dirigentes.
Sin contrapeso alguno, los sucesivos gobiernos de la post dictadura nos han impuesto sus condiciones que han tirado al tacho de la basura no sólo los logros obtenidos después de largas y a veces dolorosas luchas, sino que también las esperanzas y los sueños de una vida mejor.
Esta manera de gobernar y de hacer política fue implementada por los gobiernos de la Concertación a través de la cooptación de muchos líderes gremiales y sindicales que fueron más militantes de sus partidos que representantes de sus colegas y compañeros.
Esa costumbre se ha venido instalando como una cultura que los dirigentes honrados y las nuevas generaciones de líderes deben eliminar de raíz como una de las principales medidas para hacer frente a lo que se viene instalando como una costumbre maldita: pasar por sobre los derechos de los trabajadores, disminuir sus ya empobrecidos ingresos, para favorecer al rico.
No hace mucho, el Ministerio del Trabajo decretó que los finiquitos se calcularán sólo sobre el salario bruto, quedando fuera la gratificación, por lo que más de un millón 700 mil trabajadores que laboran en un régimen de informalidad y contratos no indefinidos, por obra o a plazo fijo, verán disminuidas sus indemnizaciones cada vez que sean despedidos. Esta medida, que favorece directamente al empleador o enganchador, afecta en la misma proporción al trabajador.
El mismo Ministerio, liderado por la hija de un general golpista, envía al parlamento una modificación para rebajar los salarios, según ella para capear la crisis mundial. Ni siquiera se arruga para afectar nuevamente a los trabajadores, dejando que los empresarios apenas sepan de la crisis.
Esta nueva artimaña propuesta como transitoria al final será una modificación permanente que, como otras, va tras el objetivo de flexibilizar más aún las condiciones laborales y los contratos y, en consecuencia, hacer aún más dura e incierta la vida de los trabajadores y sus familias.
En este contexto, conocemos la noticia que debería colmar nuestra paciencia. Por razones misteriosas y no menos inmorales, el Servicio de Impuestos Internos “condona” las deudas de la tienda Johnson’s por una cantidad equivalente a 125 millones de dólares.
Esta aberración no puede sino ser entendida como una verdadera bofetada para los trabajadores eventuales y transitorios portuarios, y quizás para cuántos más, a quienes se le ha cobrado desde 1981 una carga impositiva supuesta que supera los 30 millones de dólares y que el Estado de Chile se niega a devolver.
Estas acciones inmorales por parte del Estado agreden a los más necesitados, ofenden a los más desposeídos y se burlan de los millones que viven con lo justo y menos. El pretendido nuevo trato con los trabajadores no ha sido otra cosa que más abuso y arbitrariedad.
Esta realidad revela, como otras tantas veces, la necesidad de unir las voluntades de los trabajadores para recuperar sus organizaciones y disponerlas para la defensa de sus derechos y en contra de las aberrantes medidas que se suman una tras otra.
Como nunca antes, es necesario que los trabajadores recuperemos nuestras herramientas para luchar por nuestros derechos y propiciemos la unidad de todos quienes son afectados por una política que busca privilegiar al poderoso en desmedro de las mayorías.
Como pocas veces, se necesita la unidad del pueblo para luchar contra un sistema que cada día da muestras de su falta de humanidad y nos permita borrar este trazo de la historia tan adverso.
Jorge Bustos
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