El abuso del poder, las prevaricaciones que usan los tramposos de los poderes fácticos para desinformar, no siempre resultan en finales felices. Esta execrable casta transversal se manifiesta en las diferentes esferas criollas y provincianas, desplegando todo su “ingenio” para mantener a la gente sumida en la ignorancia de sus derechos, pasiva frente a la desfachatez extrema del desfalco sistemático que hacen al Estado y a la repartija posterior de tan suculento botín que deja turbado e inmovilizados a la mayoría de los que se ganan el pan de cada día con honestidad. 

Hoy un porcentaje mínimo, pero muy potente de actores sociales han tomado en sus manos la responsabilidad de denunciar los “negocios” de estos malhechores enquistados en casi todos los niveles de la administración del Estado y también en el área privada, provocando como reacción el afán de jugar al empate (para no ser los únicos”), abriendo la caja de pandora chilensis, destapando los negocios de los milicos y pacos delincuentes (conocidos como milico y paco “gate”) 

Uno de los finales no felices que se avizora en el horizonte , es el que hoy tiene complicado a uno de los sacrosantos integrantes del equipo presidencial de Piñera, Ramiro Mendoza ex  contralor de La República, potencial candidato para ministro de justicia. 

Durante su ejercicio como Contralor, Mendoza fue gestor del dictamen en el que se asegura que, por razones casi divinas, los Mall son “actividades portuarias”. En el “mundo virtual” o “realismo mágico” de Ramiro Mendoza los buques navegan por el Mapocho, por la Alameda y Vespucio; la Armada de Chile custodia la entrada de los trabajadores y clientes al Mall, es decir, a un recinto portuario, y todos deben hacerlo con chalecos reflectantes, con bototos y casco, los funcionarios de Aduanas de Chile aforan la mercancías ,y el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, inspecciona la carne podrida que nos venden los brasileros, la Policía Civil revisa las cajones en busca de drogas ilícitas y los visitantes pasan de un  patio de comida al supermercado en lanchas, botes y todos luciendo su permiso rojo de portuario. (Es broma, Ramiro por lo que se sabe no fuma) 

La verdad es que lo que se buscaba era posibilitar con este histórico dictamen era extender los plazos de concesión establecidos por Ley. Fue el caso de la Empresa Portuaria de Antofagasta (EPA) que después de presiones e intervención del ex senador Cantero, EPA se vio facultada para concesionar por 30 años a Plaza SA para que construyera su Mall y no 10 años máximos para realizar actividades que NO son portuarias como indica la Ley. Es importante y justo establecer que en esa repartición existe gente decente que se opuso y se opone a tamaña estupidez, prueba de ello son los sendos informes de la Contraloría Regional de Antofagasta, que rechaza el dictamen de Ramiro Mendoza el navegante. 

Ese mismo dictamen fue usado por los astutos y bien remunerados directorios y gerentes de Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) para licitar a PLAZA SA (si, los mismos de Antofagasta) por 30 años el Mall de Barón que en palabras de un técnico es un EQUIPAMIENTO; sin embargo, el lugar ya había sido previamente concesionado al Grupo Urenda para ocupar la Vieja Bodega Simón Bolívar como Terminal de Pasajeros Internacional y como es usual en estos casos, para que nadie se viera afectado, EPV con dinero de todos los chilenos, le construyó a URENDA un nuevo y carísimo Terminal de Pasajeros (VTP) (me imagino que como “medida de mitigación”, para que no se sintieran estafados). 

Lo que a estos ágiles y esplendorosos funcionarios públicos se les olvido, es que al construir el VTP lo que hacían era infraestructura portuaria y esta debe pasar por un “Estudio de Impacto Ambiental”, importante detalle que tampoco consideró el nuevo portuario Ramiro Mendoza. 

Es así como ahora el final feliz, de esta novela de 11 años si consideramos la firma del contrato y la firma del DL 144 que autoriza a vender terrenos portuarios a privados, está por verse. 

Si se aplica el escaso y olvidado “Sentido Común” el Mall Barón, No debiese catalogarse como actividad Portuaria y por tanto su licitación solo duraría 10 años y el contrato sería ilegal, cosa que hace inviable el negocio. Y la otra posibilidad es que insólitamente sea considerada como actividad portuaria y en ese caso debe entrar al Estudio de Impacto Ambiental como lo indica la Ley, por ser infraestructura. 

Así las cosas uno se pregunta, ¿Sabrán de esto los jóvenes cachazudos del municipio ciudadano, o se enterarán por este escrito?, de ser así, qué dinero más mal gastado en quienes se supone debe defender y conservar lo que es nuestro….Bueno en una de esas nunca han sentido a la ciudad como algo propio, o posiblemente esto es solo trabajo para ellos… en ese caso un pediría que fueran buenos trabajadores.