El jueves vuelve a subir la bencina en Chile. Hasta $370 por litro en gasolinas y $580 en diésel. No es percepción. Es un golpe directo.
Pero no todos lo reciben igual. Porque en Chile, el precio del combustible no es uno solo. Son, en la práctica, dos sistemas conviviendo: uno para la mayoría y otro para los grandes actores económicos.
Cuando un trabajador llega a la bomba y paga $1.250 por litro, está pagando todo: costo internacional, margen, IVA y el impuesto específico a los combustibles establecido en la Ley N° 18.502. Ese impuesto creado originalmente para financiar infraestructura hoy representa del orden de $300 a $430 por litro en gasolinas. Y ese monto el ciudadano común lo paga completo. Sin devolución. Sin defensa.
Pero la historia cambia cuando miramos el diésel. La misma Ley N° 18.502, junto con sus modificaciones posteriores, estableció un impuesto específico menor para el diésel (alrededor de 1,5 UTM por metro cúbico, es decir, cerca de $80 por litro). Y, además, abrió la puerta a mecanismos de recuperación.
Ahí entra la diferencia clave. El transporte de carga puede recuperar parte de ese impuesto, gracias a normas como la Ley N° 20.765, que regula la devolución del impuesto específico al diésel para empresas de transporte terrestre de carga.
El resultado es que: Grandes empresas pueden recuperar entre un 25% y un 80% de ese impuesto. En términos reales, pueden terminar pagando entre $16 y $60 por litro en carga tributaria. Pero hay más. Las actividades que utilizan diésel fuera de la red vial como la gran minería o el sector forestal operan bajo un principio reconocido por el propio sistema tributario: si no usan carreteras, pueden recuperar prácticamente la totalidad del impuesto específico.
Esto no es interpretación. Es el diseño del sistema. En simple: mientras el ciudadano común paga el litro completo con todos sus impuestos, grandes consumidores operan con cargas tributarias sustancialmente menores.
Mismo país. Mismo combustible. Dos estructuras de precio. Y esto no lo creó el mercado.
Lo creó la política. Lo establecieron leyes votadas en el Congreso, firmadas por gobiernos, defendidas por técnicos. Décadas de decisiones que consolidaron un sistema donde el discurso es igualdad, pero la práctica es privilegio estructural.
Hoy ese sistema lo administra José Antonio Kast y su ministro de Hacienda Jorge Quiroz, que justifican el alza en nombre de la “responsabilidad fiscal”. Pero la pregunta es inevitable: ¿responsabilidad con quién?
Porque cuando el ajuste fiscal recae en quienes no tienen mecanismos de devolución, mientras otros operan con beneficios legales diseñados a su medida, no estamos frente a un esfuerzo compartido. Estamos frente a una desigualdad institucionalizada.
Este no es solo un error de este gobierno. Es la continuidad de un modelo construido por una élite política que legisló un sistema donde hay, en los hechos, precios para ricos y precios para pobres.
Un sistema donde el Estado cobra con rigor a la mayoría, pero devuelve con generosidad a quienes tienen poder económico. Este primer round nos mandó a la lona. Es un golpe duro.
Pero también tiene algo de revelación: porque deja al descubierto que la pelea nunca fue pareja.
Y cuando un país entiende que las reglas fueron escritas para favorecer a unos pocos, deja de aceptar el resultado como inevitable.
El combate recién empieza. Y, esta vez no se trata solo de resistir el golpe.
Se trata de cambiar las leyes que lo hicieron posible.
Jorge Bustos
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