El Fiscal Nacional ha declarado que cuando se hacen cosas que no se apegan a las leyes, éstas constituyen delitos y que, por lo tanto quienes los cometen son delincuentes; por otra parte el Contralor General ha calificado como una forma de corrupción cuando los funcionarios públicos hacen mal su trabajo. Ambas declaraciones debiesen movilizar a los actores sociales para asumir su rol social y recurrir a los organismos del Estado cada vez que surjan dudas sobre informaciones que comprometen los intereses de los ciudadanos.

Un ejemplo de esto es la información que la prensa dio a conocer el pasado miércoles 20 de diciembre relacionado con un acuerdo entre la Municipalidad de Viña del Mar y una empresa llamada Besalco la cual construyó los estacionamientos bajo Plaza Sucre. Según el área jurídica dicho acuerdo “ahorrará una suma indeterminada de dinero, por un fallo condenatorio”. ¿Fallo condenatorio? , ¿Por qué?

Lo que la prensa informó es que la empresa Besalco se adjudicó la construcción de los estacionamientos en licitación pública, sin embargo no explica por qué demandó al municipio, ni quiénes participaron en esa licitación municipal. En ese contexto y recogiendo las declaraciones del Fiscal Nacional y del Contralor General ,quien debiese pagar esas millonadas de privilegios que hoy la alcaldesa entrega a la empresa que incluyen extensión en los plazos iniciales de la concesión y otros “beneficiosos amarres” , no es el municipio como entidad jurídica, sino los funcionarios que siendo “públicos” hicieron mal su trabajo.

Uno de esos funcionarios públicos es Osvaldo Urrutia, hoy diputado reelecto, quien, dicho sea de paso, nunca ha sido querido por sus camaradas de partido; de hecho el ex intendente y también el diputado Celis, se quejó en esta elección porque, a su juicio, Urrutia parecía “dueño de la municipalidad viñamarina”. Aunque a la luz de los últimas modificaciones del contrato, este hijo mimado de la tía Cotí, no ha sido un “aporte” a la gestión del municipio sino por el contrario, ha contribuido en ampliar abusivamente los beneficios de Besalco, condenando a la Municipalidad a plazos y alcances que la dejan en un “callejón sin salida” y cuyas consecuencias las deberán pagar los ciudadanos, los mismos que lo apoyaron en las urnas.

Pero ¿qué tiene que ver el hijo mimado de la municipalidad” con la ampliación de beneficios que la Municipalidad otorgara a la empresa? La respuesta se relaciona con los 10 años en los cuales Urrutia trabajó en la Secretaria Comunal de Planificación de Viña del Mar (Secpla) , período en el cual fue pieza clave no solo de la licitación de los estacionamientos, sino también de la construcción del Estadio Sausalito, Pero ¿ cuál es la madre del cordero? el punto relevante es que el mentado funcionario público habría sido parte responsable de algunos compromisos que asumió el municipio incluidos en la propuesta original que no se cumplieron y que dieron origen al juicio entre la empresa y el municipio. Uno de estos incumplimientos tiene que ver con que Urrutia habría ofrecido al licitante parte de terrenos de Merval, los que posteriormente no fueron cedidos.

El nivel de “condoros”, obviamente involuntarios, del diputado podría ampliarse, pues tiene a su haber otra demanda de la misma empresa por el Estadio Sausalito, proceso por el cual ha tenido que declarar. Eventualmente esto podría significar al municipio viñamarino otra merma importante en sus arcas, pues se estima que estaría siendo condenado a pagar varios miles de millones por negligencia reiterada.

Para nutrir el currículum del diputado es importante recordar que se ha dado a conocer en Valparaíso por ser el vocero de la empresa portuaria (EPV) en este gobierno; cosa curiosa siendo UDI. Ha sido férreo defensor de OHL y de la construcción del Mall de Barón. También ha tomado renombre su figura por ser declarado persona non grata por los trabajadores portuarios asociados a Cotraporchi. En resumen, su nutrido currículum deja en evidencia que su gestión está claramente focalizada en lograr beneficios para las empresas y no servir al bien común.

Como recomendación final y retomando las declaraciones del Fiscal Nacional y del Contralor General, yo le sugeriría al funcionario público Urrutia, que asuma la responsabilidad de su mala y negligente gestión, la que no solo le costará al municipio una millonada, sino que lo que es aún peor, impactará en los bolsillos de todos los ciudadanos que Urrutia dice defender.

Jorge Bustos