Con los últimos acontecimientos internacionales se ha inaugurado el principio del fin de una política económica que, en el caso de Chile, fue impuesta a sangre y fuego: las ventas a precio vil de todas las empresas del Estado para hacer ricos a los civiles que cooperaron con el golpe de Estado y luego las privatizaciones a cargo de la Concertación de Partidos por la Democracia para monopolizar los servicios básicos que el Estado debía dar a los ciudadanos, el colmo de los colmos, la privatización de las aguas.

Después de escuchar y leer las propuestas que los candidatos presidenciales hicieron, no se entiende cómo desde este Gobierno se insista en la concentración monopólica de ciertas industrias estratégicas. Es el caso del comercio internacional y en particular la industria portuaria.

Se ha comentado en otros textos que en esta industria intervienen a lo menos cuatro ministerios y muchas subsecretarias, que existen dos formas de concesionar: una que maneja la Marina y que, curiosamente, tramita concesiones de las mineras y puertos privados de uso privado, y la otra que administra y rige solo para los puertos estatales o a las 10 empresas portuarias de Chile.

La ley actual reza que para que exista un puerto monooperado debe existir uno de las mismas características multioperado. Eso nunca se cumplió, pero a lo menos un frente, en el caso de Valparaíso y San Antonio, operaban uno monooperado y otro multioperado, con lo cual las empresas medianas y pequeñas chilenas podían funcionar, pero la voracidad del mercado con sus amigos en los gobiernos determinó la privatización de los frentes multioperado en favor de OHL en Valparaíso y de los Árabes en el caso de San Antonio.

Según se sabe, en una semana más, después de su gira por China vendría el mismísimo Presidente, el Gobernador y el Alcalde que en una foto dijo que el diputado comunista por Valparaíso estaba convencido, y todos ellos -más otros- nos comunicarían que ahora se licitará todo el puerto de Valparaíso a un solo operador. Es decir, en un Gobierno que la derecha cataloga de “izquierdista”, se anuncia el inicio de una política de concentración monopólica exacerbada en los puertos.

Nombro a estos asistentes porque uno de los que avalaba esta movida, en un diario de la ciudad aparece cuestionando “las condiciones con las cuales se va a licitar”. A buen entendedor…

Al parecer, los alemanes se enteraron que están quedando fuera y lo más probable es que esta licitación estaría hecha para que sean las navieras internacionales las que se queden con los puertos estatales.

Las consecuencias en el futuro para la ciudad no serán las mejores, eso lo puedo asegurar, porque una cosa es que el Municipio reciba un par de millones de dólares, los cuales repartirá en más de 300 mil habitantes, pero los trabajadores que hoy trabajan en el Terminal 2 quedarán muchos de ellos sin trabajo, o los más antiguos recibirán la pensión y alguna indemnización. Pero eso será de costo del Estado, acuñando la célebre frase: “Los costos sociales de las licitaciones las paga el Estado, las ganancias son de los privados”.

Me encantaría saber qué piensan los socios de la Cámara Aduanera de Chile y también los socios de Anagena que, como se ha visto en licitaciones anteriores de 1999 en adelante, las quiebras de las empresas ligadas al puerto y al comercio internacional fue brutal; o creen los camioneros que con un solo operador del puerto podrán seguir trabajando, porque ellos, los nuevos concesionarios, pueden tener su propia flota de camiones y solo contratar choferes. Permítanme decirles que en este gobierno se está poniendo en práctica parte de las 50 medidas de impulso competitivo que propuso Piñera y que seis de ellas echamos abajo.

Solo recordar a aquellos que trabajan y hacen negocios ligados a la industria portuaria de la región, pues por sus manos pasa el 80% de comercio internacional y la ganancia que se reparte en miles de familias se concentrará solo en una, y lo más triste, ni siquiera será chilena.

Jorge Bustos