En Chile, elegir presidente no es solo decidir quién gobierna. Es decidir si seguimos atrapados en un modelo que administra desigualdades, con lenguaje progresista, o si empujamos hacia uno que ponga la dignidad en el centro, sin maquillaje ni simulación.
Jeannette Jara no representa una ruptura con ese modelo. Su candidatura recicla dinosaurios, la vieja Concertación, la Nueva Mayoría y la promesa inconclusa del Frente Amplio: una alianza que se presentó como alternativa, pero terminó gestionando el mismo orden con nuevos rostros. El Partido Comunista, que estuvo fuera del duopolio durante décadas, hoy comparte gabinete con quienes han perfeccionado el neoliberalismo bajo la etiqueta de “tercera vía”. No hay voluntad de transformación estructural, sino de continuidad administrada.
La socialdemocracia, tal como la definió Anthony Giddens, no es contraria al neoliberalismo: es su versión humanizada. Su misión no es cambiar el modelo, sino hacerlo más tolerable. En eso creyó Lagos, y en eso parece creer Jara. Por eso su programa habla de justicia, pero no de redistribución real; de Estado activo, pero no de ruptura con los poderes fácticos.
Y aunque el giro es necesario, no basta con nombrar lo que no se quiere. Tampoco hay espacio para apoyar a la derecha que encarnan Kast, Kaiser o Matthei: un proyecto autoritario, clasista y regresivo, que desprecia la memoria, la justicia social y la participación ciudadana.
La pregunta entonces no es quién será presidenta, sino qué relato logra movilizar a quienes no caben en el orden actual. ¿Hay espacio para una candidatura que no administre lo heredado, sino que lo cuestione desde su raíz? ¿Una que no se conforme con humanizar el modelo, sino que lo enfrente con vocación transformadora?
Por eso apoyar a Jara no significa callar. Al contrario: significa exigir que escuche. Porque si de verdad quiere gobernar para la gente, tiene que abrirse a las demandas que vienen desde los territorios, desde las organizaciones, desde quienes fiscalizan sin miedo ni permiso. No desde la obsecuencia de sus partidos o de quienes acostumbran a rodear el poder para agarrar algo. Y ahí hay cosas que no pueden seguir fuera del radar.
Cuando Jara propone subir el sueldo mínimo a $750.000, está diciendo que el trabajo debe permitir vivir con dignidad. Pero esa dignidad no se sostiene si el Estado sigue perdiendo miles de millones por evasión tributaria. Hoy, según cifras oficiales del Servicio de Impuestos Internos, Chile pierde cerca de un 6,5% del PIB por evasión tributaria, lo que equivale a más de $17.000 millones de dólares anuales. No se puede hablar de justicia social mientras los grandes grupos económicos siguen eludiendo impuestos con ingeniería fiscal y privilegios legales. Esa evasión no es un dato técnico: es una herida abierta. Y sus consecuencias se ven todos los días en hospitales como el Van Buren, donde la falta de recursos se traduce en listas de espera, infraestructura colapsada y personal agotado. Si Jara quiere que ese sueldo mínimo sea real y sostenible, tiene que enfrentar la evasión con decisión política, no con tibieza administrativa.
Cuando habla de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, está tocando una fibra clave. Las MiPymes son el corazón del empleo en Chile: representan el 99% de las empresas y generan el 63% del empleo formal. Pero están asfixiadas por la concentración económica, por los monopolios y la falta de acceso real a mercados. En ciudades puerto como Valparaíso y San Antonio, eso se ve con claridad brutal: el modelo de concesión única en los terminales portuarios ha generado monopolios disfrazados de eficiencia y competitividad. La propuesta de multioperador portuario no es una idea técnica: es una exigencia democrática que permite que la riqueza de los territorios quede en la ciudad y que se genere trabajo, y que el presupuesto municipal crezca por patentes e impuestos. Que entren más actores, que se rompa el control de unos pocos, que se garantice competencia real y transparencia. Porque sin competencia, las MiPymes no tienen cómo crecer. Y sin puertos abiertos, los territorios siguen siendo zonas de sacrificio.
Cuando Jara habla de inversión pública en infraestructura, en vivienda, en transporte, está tocando una necesidad urgente. Pero esa inversión no puede seguir siendo decidida entre cuatro paredes, sin participación vinculante, sin respeto por la memoria urbana, sin mirada territorial. La planificación urbana en Chile está capturada por intereses privados, tecnocracias y burocracia sin calle. Si Jara quiere hablar de dignidad, tiene que incluir a las ciudades. Tiene que devolverle la democracia a los territorios. Debe terminar con los enclaves que se adueñan de los terrenos más caros de las ciudades costeras. No como gesto simbólico, sino como práctica permanente. Porque los barrios no son cifras: son comunidades que resisten, que denuncian, que proponen.
Y sobre todo, tiene que entender que el rol fiscalizador ciudadano no es un estorbo: es una garantía democrática. Que haya gente que investiga, que denuncia, que exige rendición de cuentas, no es un problema: es parte de la solución. Si su gobierno quiere ser distinto, tiene que abrir las puertas a esa fiscalización. No como protocolo, sino como convicción.
Por eso este apoyo no es incondicional. Es un apoyo que exige. Que acompaña, pero que no se calla. Porque si Jeannette Jara quiere gobernar para la gente, tiene que escuchar a la gente. Y eso incluye escuchar estas propuestas. No como parte de un programa cerrado, sino como parte de una conversación abierta, honesta y urgente.
Votar por Jara es apostar por un Chile más justo. Pero ese Chile no se construye solo desde arriba. Se construye desde abajo, desde los territorios, desde las voces que incomodan, desde las ideas que no caben en los discursos oficiales. Y si ella quiere representar esa esperanza, tiene que estar dispuesta a escucharla.
Jorge Bustos
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