La Operación Huracán demostró que podían fabricarse pruebas desde un organismo de inteligencia. El Caso Audios reveló que información reservada podía salir desde otro hacia un operador privado. Cuando la inteligencia, las policías y la justicia quedan expuestas a redes de influencia, ya no estamos frente a hechos aislados: estamos ante una crisis de confianza que compromete el funcionamiento mismo del Estado de derecho.
La renuncia del jefe de Contrainteligencia de la ANI, Paulo Contreras, tras conocerse sus vínculos con Luis Hermosilla y la entrega de información reservada mientras ejercía funciones de inteligencia en la PDI, cambió por completo la dimensión del Caso Audios. Ya no estamos únicamente frente a un abogado con influencias. Estamos frente a la evidencia de que organismos llamados a proteger la información estratégica del Estado pueden convertirse en una fuente de ventaja para intereses particulares. Cuando eso ocurre, la inteligencia deja de cumplir su misión y comienza a transformarse en un instrumento del poder.
Lo que estamos viendo no son hechos aislados ni meros errores de procedimiento; es una crisis que cala hondo en el Chile real. Ya lo vivimos con la Operación Huracán, donde la inteligencia de Carabineros llegó al extremo de fabricar pruebas falsas para encarcelar a dirigentes mapuche, teniendo a Héctor Llaitul como blanco de un montaje judicial. Años después, la historia se repite en la vereda del frente: un alto jefe de la PDI rompe el secreto profesional para filtrar información clave en el caso Hermosilla. Cambian las siglas, pero el daño es el mismo. Mientras las familias en los barrios exigen seguridad frente al avance de la delincuencia, las instituciones que debieran protegernos terminan convertidas en herramientas de impunidad para los poderosos. Esto ya no es solo falta de control, es una fragilidad institucional peligrosa. Si el sistema de inteligencia está así de perforado para cuidar favores políticos y económicos, la pregunta es inevitable para cualquier ciudadano: ¿cuánto de este aparato estatal ha sido ya permeado por el narcotráfico y el lavado de activos? Cuando la inteligencia falla arriba, la indefensión la pagamos todos abajo.
Las consecuencias de esa pérdida de confianza alcanzan inevitablemente a otras causas de alta connotación pública. Las revelaciones del Caso Audios obligan a examinar con mayor rigor actuaciones que antes se daban por descontadas. El caso de Daniel Jadue, las acciones judiciales emprendidas por la defensa de Mauricio Hernández Norambuena contra Luis Hermosilla y el entonces ministro Mario Carroza, el posterior endurecimiento de su régimen penitenciario y la sanción aplicada a Fernando Mardones Vargas, jefe del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Gendarmería, tras emitir un informe técnico favorable al respeto de sus derechos fundamentales, conforman un escenario en el que la confianza institucional ya no puede descansar en simples presunciones. No significa que todas las decisiones hayan sido ilegítimas. Significa que, después de lo conocido, el Estado tiene el deber de demostrar que ha actuado con independencia, transparencia y pleno respeto al debido proceso.
Las democracias no se debilitan únicamente cuando se quebrantan las leyes. También lo hacen cuando sus instituciones pierden credibilidad y la ciudadanía deja de saber si las decisiones responden al interés público o a redes de influencia. La confianza no se decreta ni se exige como un acto de fe. Se reconstruye con verdad, controles efectivos y rendición de cuentas. Porque si el Estado no es capaz de demostrar que sus organismos de inteligencia, sus policías y su sistema de justicia actúan libres de interferencias indebidas, la duda deja de ser un problema de los ciudadanos y pasa a ser un problema de la propia democracia.
Quedan, sin embargo, algunas preguntas que ninguna autoridad ha respondido satisfactoriamente después del último escándalo. Si un alto oficial de inteligencia de la PDI entregaba información reservada a Luis Hermosilla, ¿quién conocía esa situación y desde cuándo? ¿Existieron alertas internas que fueron ignoradas? ¿Cómo llegó posteriormente a ocupar la jefatura de Contrainteligencia de la ANI, precisamente el organismo encargado de proteger al Estado frente a infiltraciones y filtraciones de información? ¿Fallaron los controles, falló el sistema de nombramientos o existieron respaldos políticos que hicieron posible ese ascenso? Y una última pregunta resulta inevitable: si Luis Hermosilla fue capaz de construir una red de influencias tan profunda en el Poder Judicial, en organismos policiales y en otros espacios del Estado, ¿es razonable pensar que ese poder desapareció por completo con su formalización, o parte de esa red sigue operando silenciosamente dentro de las instituciones? En una democracia, estas preguntas no deberían incomodar al poder. Deberían impulsar investigaciones exhaustivas, porque solo la verdad puede restituir la confianza pública.
Jorge Bustos
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