He visto y escuchado con atención sus recientes declaraciones sobre el denominado "Acuerdo por Valparaíso”, que han realizado en un video de Instagram y si bien valoro su interés en el futuro de nuestra ciudad puerto, me permito señalar, con el debido respeto que merecen sus investiduras, que sus apreciaciones parecen adolecer de una comprensión más profunda de los aspectos legales y económicos fundamentales que subyacen a esta controversia.

En relación con las palabras del diputado Cuello, quien desestima los argumentos en contra del acuerdo tildándolos de "completamente errados", permítanme recordarle que la cuestión central no radica en oponernos al desarrollo portuario per se, una necesidad innegable para Valparaíso, sino en cuestionar la legalidad del procedimiento administrativo empleado y las potenciales consecuencias de un monopolio portuario auspiciado por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV). La experiencia nos demuestra que la Contraloría General de la República ha intervenido en situaciones similares, como se evidencia en el oficio donde se ordena al SEREMI MINVU dejar sin efecto o modificar un convenio de colaboración por no ajustarse a la normativa vigente. Este precedente nos obliga a ser particularmente rigurosos en el análisis de cualquier acuerdo que pueda comprometer la autonomía de la administración y favorecer intereses particulares en desmedro del bien común.

Respecto a la concejala Alicia Zúñiga, quien invoca un "compromiso de Estado" y la promesa de "más empleo", es crucial distinguir entre la legítima aspiración de progreso para nuestra comuna y los mecanismos para alcanzarlo. Un compromiso, por elevado que sea, no puede ni debe soslayar la legalidad y los principios de transparencia y libre competencia. La preocupación por un monopolio portuario no es un obstáculo al empleo, sino una cautela necesaria para asegurar un desarrollo sostenible y equitativo, donde diversos actores puedan participar y generar oportunidades de calidad, sin depender de la voluntad de un único operador.

Finalmente, en cuanto al dirigente de la CUT provincial, quien se manifiesta "a favor de la expansión portuaria" y solicita mayores ingresos para Valparaíso, compartimos plenamente ese anhelo. Sin embargo, la forma en que se concreta esa expansión es tan importante como el objetivo mismo. Un acuerdo que genera legítimas dudas sobre su legalidad y que podría conducir a la consolidación de un monopolio, no parece ser el camino más sólido para garantizar ingresos justos y sostenibles para nuestra ciudad. La labor de la Contraloría, como ente fiscalizador, es precisamente velar por la correcta administración y la probidad en este tipo de procesos.

En resumen, estimados compañeros, la discusión no se centra en un vano intento de frenar el progreso, sino en la exigencia de que este se realice dentro del marco de la ley, con transparencia y garantizando la libre competencia en el sector portuario. Ignorar las observaciones legales y los riesgos de un monopolio no solo sería un error estratégico para el futuro de Valparaíso, sino una falta de diligencia ante la clara jurisprudencia que la Contraloría ha establecido en casos análogos. Les invito, con la mayor cordialidad, a profundizar en estos aspectos, entre los cuales creo que la ADENDA presentada por EPV al TDLC, antes de emitir juicios que, lamentablemente, parecen simplificar una problemática de gran complejidad jurídica y económica.