EL TREN QUE VUELVE Y LA CIUDAD QUE PODRÍA PERDERSE

La Calera debe celebrar el regreso del ferrocarril, pero no puede hacerlo con los ojos cerrados.

Durante décadas los habitantes de La Calera soñaron con volver a escuchar el tren. Para miles de trabajadores, estudiantes y adultos mayores, la extensión del servicio ferroviario representa una oportunidad concreta para mejorar la conectividad, reducir tiempos de viaje y fortalecer el desarrollo de la comuna. Nadie discute aquello. El regreso del ferrocarril es una buena noticia y una deuda histórica con una ciudad que durante años vio cómo el transporte público se concentraba en las carreteras mientras la infraestructura ferroviaria se deterioraba o simplemente era abandonada.

Sin embargo, la experiencia chilena demuestra que los grandes proyectos de infraestructura pública suelen traer consigo una pregunta que las autoridades y empresarios se niegan a contestar: ¿quién termina capturando los beneficios económicos que generan las inversiones financiadas por todos? La historia reciente está llena de ejemplos donde terrenos públicos, ferroviarios o estratégicos fueron transformados en negocios privados. Lo que comenzó como iniciativas de desarrollo terminó convirtiéndose en operaciones que cambiaron el destino de espacios que pertenecían a la comunidad. Ocurrió en los antiguos patios ferroviarios de Concepción, donde terrenos vinculados a Ferrocarriles del Estado terminaron dando paso a un gran centro comercial. Ocurrió en Antofagasta, donde suelo portuario público fue entregado para proyectos inmobiliarios de gran escala. Ocurrió en Valparaíso, donde durante años se intentó imponer un mall en el borde costero utilizando terrenos estratégicos para el desarrollo urbano de la ciudad. También ocurrió cuando una manzana completa ocupada por instalaciones públicas de Carabineros terminó convertida en un negocio comercial para el retail.

Por eso la discusión que hoy se instala y enfrenta La Calera y sus ciudadanos no es un problema imaginario ni una teoría conspirativa. Es una alerta basada en antecedentes concretos. La futura estación proyecta millones de pasajeros al año. Allí donde existe una gran concentración de personas aparece también un enorme interés económico. El suelo adquiere valor, los accesos adquieren valor y los servicios asociados adquieren valor. Lo que inicialmente es concebido como infraestructura pública comienza a ser observado por grupos empresariales como una oportunidad de expansión comercial. La pregunta entonces no es si estos procesos han ocurrido antes. La pregunta es por qué La Calera debería asumir que aquí será diferente.

Más preocupante aún es que la aprobación ambiental del proyecto dejó abiertas una serie de observaciones técnicas y urbanísticas que merecen atención ciudadana. Entre ellas destaca que parte de las obras proyectadas requieren adecuaciones urbanas que dependen de decisiones municipales futuras. Esto significa que la Municipalidad de La Calera todavía posee herramientas legales para exigir condiciones, resguardos y garantías respecto del destino de los espacios públicos vinculados a la estación. Lejos de ser un detalle administrativo, este punto puede transformarse en una herramienta fundamental para proteger el interés comunitario frente a eventuales presiones económicas futuras.

A ello se suma un hecho que ha pasado prácticamente desapercibido. Durante la evaluación ambiental quedaron registradas observaciones relacionadas con información geográfica incompleta, permisos patrimoniales condicionados y responsabilidades operativas que eventualmente podrían recaer sobre el municipio. Puede parecer un asunto técnico, pero sus consecuencias son profundamente políticas. Cuando una municipalidad debe asumir costos permanentes de mantención o infraestructura, esos recursos dejan de estar disponibles para áreas verdes, seguridad, deporte, cultura o programas sociales. Cuando una ciudad pierde control sobre espacios estratégicos, también pierde capacidad de decidir su propio desarrollo.

Existe además una dimensión ética que no puede ser ignorada. La estación de La Calera no fue rescatada por grandes empresas ni por autoridades de paso. Fueron organizaciones sociales, vecinos y gestores culturales quienes mantuvieron vivo ese espacio cuando el abandono parecía definitivo. La agrupación El Vagón ayudó a devolverle sentido, actividad y dignidad a un inmueble que durante años fue símbolo del deterioro ferroviario. Resultaría profundamente injusto que quienes recuperaron ese patrimonio para la comunidad terminaran desplazados precisamente cuando el lugar vuelve a tener valor económico para otros actores.

Por eso el debate que enfrentara La Calera no debe reducirse a un simplista "tren sí" o "tren no". Esa es una falsa discusión. El verdadero debate consiste en determinar quién definirá el futuro de la ciudad. Si serán los habitantes organizados y sus instituciones democráticas o si serán intereses económicos que observan en la futura estación una oportunidad de negocios. El progreso no puede medirse únicamente por la cantidad de pasajeros transportados o por la velocidad de los desplazamientos. También debe medirse por la capacidad de una comunidad para conservar su patrimonio, proteger sus espacios públicos y decidir soberanamente sobre su territorio.

La Calera necesita el tren. Lo necesita para mejorar su conectividad, fortalecer su economía y ampliar las oportunidades de sus habitantes. Pero también necesita asegurar que ese desarrollo no termine convirtiéndose en una nueva historia de privatización encubierta, desplazamiento comunitario y pérdida del patrimonio colectivo. Los datos están sobre la mesa y las herramientas legales aún existen. Lo que corresponde ahora es vigilancia ciudadana, participación activa y exigencia de garantías claras. Porque las ciudades no se pierden de un día para otro. Se pierden lentamente, cuando sus habitantes dejan de prestar atención. Y hoy, más que nunca, La Calera tiene razones para mantenerse alerta.

Jorge Bustos

Defendamos la Ciudad / Región Valparaíso