En San Antonio se está gestando un escándalo silencioso, uno que huele a desprecio por la ciudadanía y a un descaro institucional que debería sonrojar a cualquier autoridad. Me refiero al megaproyecto del Puerto Exterior, cuya "Adenda Complementaria" no es más que un Caballo de Troya administrativo, y a la desfachatez con que la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA) pretende pasar por encima de la ley, la lógica y la dignidad de nuestra gente.

Seamos claros: lo que EPSA presentó como una simple "adenda" es, en realidad, un proyecto completamente nuevo, disfrazado de actualización. Con cientos de cambios sustanciales en obras, dragado, vialidad y canteras, es un insulto a la inteligencia ciudadana y a la normativa ambiental, sugerir que esto es un mero complemento. Es una jugada estratégica para eludir la obligación de someter su nuevo plan a una evaluación de impacto ambiental rigurosa y a una participación ciudadana real, porque se supone que ya se realizó, esa que tanto temen porque saben que su proyecto es indefendible y no contempla el pago justo por usar el territorio, para negocio de unos pocos.

Pero la patudez de los directivos de EPSA no se detiene ahí. Alcanza su máxima expresión en el convenio "Agenda de Trabajo 2025", firmado a espaldas del Concejo Municipal con la venia del alcalde. Con una mano, EPSA se sienta en el banquillo de los acusados en el Tribunal Ambiental, demandado por la propia comunidad y el municipio. Con la otra, firma acuerdos con ese mismo municipio, presentando como actos de generosidad voluntaria lo que en realidad son obligaciones impuestas por la justicia en litigios previos. ¿Se puede ser más cínico?

Y para coronar este teatro del absurdo, poco después de la firma, aparecen "donaciones" millonarias de EPSA y una de sus concesionarias, Puerto Panul para financiar eventos municipales. Como comprando la aceptación de la nueva “modificación” La Contraloría ha sido clara por más de una década: los municipios no deben recibir aportes de empresas con intereses directos en sus decisiones. Lo que aquí vemos no es filantropía, es una transacción que apesta a conflicto de interés y a una posible vulneración del principio de probidad administrativa. Es un intento de comprar voluntades y silenciar las críticas con el dinero de un proyecto que amenaza con destruir nuestro entorno.

Mientras los ejecutivos de EPSA tejen sus redes y acuerdos en despachos y pasillos del poder, la realidad en nuestro territorio es brutal, campamentos, sin universidades, pésima salud, etc. Este proyecto pretende borrar del mapa la Playa de Llolleo, nuestro acceso al mar, un espacio sagrado y de sustento. Amenaza el Santuario de la Naturaleza Desembocadura del Río Maipo, un ecosistema vital. Nos prometen empleos, pero nos ofrecen un puerto automatizado que dejará a nuestra gente mirando desde la reja, nos ofrecen eficiencia y productividad, pero eso llenara los bolsillos de unos pocos y la ciudad que gana, más empobrecimiento que ya lleva 25 años.

Y todo esto ocurre mientras el fondo del asunto, el impacto ambiental, sigue sin resolverse en los tribunales. EPSA actúa como si el juego estuviera ganado, ignorando las causas judiciales vigentes que de muestras que su proyecto es, como mínimo, ambientalmente inviable.

Basta de eufemismos. No estamos ante un "malentendido" ni ante "diferencias de criterio". Estamos ante una demostración de poder arrogante por parte de una empresa estatal que se cree feudo, esta empresa debería servir al bien común a la ciudad que la alberga y pagar por su explotación, no a sus propias agendas y a engrosar los sueldos de su gerencia, que supera con creces a la criticada profesora de la Universidad San Sebastián. Y como si fuera poco estamos ante un municipio que parece haber olvidado a quién representa y por quién fue elegido.

La comunidad de San Antonio no pide favores, exige respeto y lo justo. Exige que la Adenda sea tratada como lo que es: un nuevo proyecto. Exige transparencia y que se investiguen hasta las últimas consecuencias los acuerdos firmados. Y, sobre todo, exige que se detenga esta maquinaria hasta que la justicia determine si es legal y ambientalmente aceptable sacrificar nuestro patrimonio natural y social en el altar de un progreso malentendido, donde la ciudad solo pierde y no recibe nada.

La dignidad de San Antonio no está en venta. Es hora de que la patudez portuaria se tope con la muralla de una ciudadanía unida y vigilante.

Defendamos la Ciudad

Jorge Bustos