Cuando algo se hace mal por tanto tiempo, la memoria colectiva desde cualquier rincón aparece y cobra su venganza, todo indica que ese fue el karma del esperado anuncio de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) de contar con luz verde para el proyecto de ampliación para el Terminal 2, que tras el último revés judicial, sin duda se lo llevó el aguacero.
Por desagües y alcantarillas escurrió por ahora la noticia en que moros, alemanes, cristianos e “izquierdistas” le comunicarían al mundo que estaban de acuerdo con un proyecto que costaba 600 millones de dólares, pero que escondía tras una cuestionable expansión del frente de atraque, el monopolio de la industria, al entregar el control a una sola empresa, y no a dos como existe hoy, y muy lejos de las cuarenta que había el año 1999.
Todo esto sin contar que se "barría bajo la alfombra" el estado estructural del Molo de Abrigo, sin ganarle ni un misero metro de aguas abrigadas para el Puerto de Valparaíso.
Algunos dicen que, desde los Ministerios de Economía y Transportes, se habrían sonrojados al saber que -otra vez- el Estado debería colocar 600 millones de dólares para impulsar el T2, para después concesionar por 30 años, y recibir con suerte 10 millones de dólares como renta al año, a todas luces un "negocio redondo".
Capítulo aparte son las esperables "subidas por el chorro" de los portuarios, con peticiones de millonarias indemnizaciones y pensiones de gracias por sobre los 500 mil pesos mensuales.
Claro que no faltan los mal pensados que han planteado que, con la nueva Ley contra los delitos de cuello y corbata, promulgada por este Gobierno y que los empresarios llevaron al Tribunal Constitucional, lo más probable es que se tendría que construir una nueva cárcel para meter presos a tanto sinvergüenzas rateros, por la cantidad de violaciones legales que esta nueva ley contempla.
Sin embargo, se ha mantenido en secreto y guardado bajo siete llaves el fallo de la Corte Suprema del 16 de agosto de este año, por la reclamación que se hiciera en contra del Tribunal Ambiental, por solo acoger “parcialmente” las denuncias de dos organizaciones de Valparaíso, en contra del Terminal 2, que no se quiere que se sepa y que en definitiva detuvo el gran anuncio, que como dije antes, es solo humo y más bien sería el lanzamiento de varias candidaturas.
Lo primero que reconoce la Corte Suprema es que los reclamantes tienen todo el derecho para hacerlo, por lo tanto, la EPV se enfrentara en el futuro si no cumple con la ley como está acostumbrada, a muchas reclamaciones y demandas.
Lo segundo es que la Suprema plantea es que el Tribunal Ambiental debe ampliar lo que revisa y se somete a su escrutinio, no sólo a parcialidades y le indica que en el futuro debe ampliar su análisis, en un claro "tirón de orejas".
Sobre el fondo de la reclamación la Corte Suprema no se pronuncia, porque el proceso está abierto y la EPV no ha resuelto las observaciones que el Tribunal Ambiental le instruyó.
Lo importante es que ahora tenemos derecho a voz y voto, por lo que la posible Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que salga de este contubernio, gracias a este fallo de la Suprema podrá ser reclamado por los ciudadanos y organizaciones activas de la ciudad de Valparaíso.
Jorge Bustos
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