El aluvión de Las Condes no es solo una tragedia: es una pregunta sobre quién decide dónde se construye, a quién se protege primero y por qué un Estado tan veloz para declarar una catástrofe no siempre lo es cuando el barro llega a otros barrios.
Las imágenes del aluvión del 8 de octubre en Las Condes son conocidas: autos arrastrados, casas inundadas, calles cubiertas de barro. Lo que ocurre después también lo es. Durante unos días hablamos de la lluvia, del “evento inusual”, de la fuerza de la naturaleza. Luego el barro se seca y la conversación con él. El geógrafo Marcelo Lagos lleva años señalando lo contrario: el territorio hay que estudiarlo, sus amenazas se conocen y los fenómenos pueden anticiparse. Lo que falta es voluntad para hacerse cargo.
Porque nada de esto es nuevo. En junio de 1993, el aluvión de la quebrada de Macul dejó decenas de muertos y miles de damnificados. Desde entonces hemos vivido inundaciones, remociones en masa, temporales y los incendios de Valparaíso y Viña del Mar de febrero de 2024. Son hechos distintos, con causas distintas, pero todos repiten la misma lección y todos nos encuentran igual de sorprendidos.
La naturaleza no construye viviendas en las quebradas ni diseña caminos sobre cauces de agua. Tampoco firma permisos de edificación. Esas decisiones las toman personas, empresas e instituciones, y por eso, cuando ocurre un aluvión, decir que llovió demasiado no alcanza. Hay que preguntar qué se construyó y dónde, qué estudios respaldaron la autorización, si se respetaron las restricciones urbanísticas, en qué estado estaban los cauces y los sistemas de drenaje, y si alguien midió el riesgo antes de que fuera tarde.
Las Direcciones de Obras Municipales tienen responsabilidades legales concretas, y la normativa no deja de ser exigible porque un proyecto represente una gran inversión. No afirmo que la de Las Condes haya cometido irregularidades; eso lo deben establecer los antecedentes técnicos y administrativos. Afirmo algo más simple: sus decisiones, como las de cualquier organismo que autoriza construcciones, tienen que poder examinarse públicamente cuando una emergencia así deja daños. Si los permisos fueron correctos, corresponde preguntar qué falló en la planificación, la prevención o las obras de mitigación. Si no lo fueron, hay que saber quién decidió y por qué.
Y aquí aparece lo que incomoda a quienes prefieren que el debate termine con la lluvia: ¿cuánto pesa la industria inmobiliaria en cómo se planifican nuestras ciudades y se escriben las normas que regulan la construcción? Sus intereses son legítimos, pero no pueden estar por encima de la seguridad de las personas. Cuando el Parlamento discute reformas para agilizar permisos y facilitar inversiones, la ciudadanía tiene derecho a saber si se está fortaleciendo la capacidad del Estado de fiscalizar o si se están debilitando controles necesarios. Agilizar no es lo mismo que desregular, y modernizar no puede ser el nombre elegante de la flexibilización indiscriminada.
El Gobierno de José Antonio Kast decretó zona afectada por catástrofe para Las Condes en un plazo muy breve. Esa rapidez merece reconocimiento cuando permite que la ayuda llegue a quienes la necesitan. Pero abre una pregunta política legítima: ¿por qué esa prontitud no siempre se ve en otras tragedias que golpean a comunidades con menos recursos y menos influencia? En Valparaíso, miles de familias perdieron sus casas en 2024 y aún enfrentan la incertidumbre de la reconstrucción. En Atacama y Coquimbo, las lluvias de julio cortaron caminos y aislaron comunidades. No digo que todas las emergencias sean iguales ni que exijan idénticas medidas. Digo que los criterios para declarar una catástrofe, movilizar recursos y entregar ayuda deben ser transparentes, y que la respuesta del Estado no puede depender de la comuna afectada, del ingreso de sus habitantes ni del peso político del territorio.
Hay además una precisión que importa. Declarar zona de catástrofe no activa automáticamente el llamado 2% constitucional. El artículo 32, número 20, de la Constitución permite al presidente, con la firma de todos los ministros, decretar pagos no autorizados por ley para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, con un tope anual equivalente al 2% de los gastos de la Ley de Presupuestos. Es un mecanismo con requisitos propios, no una bolsa que se abre sola. Por eso corresponde preguntar qué instrumentos se usaron en cada emergencia, cuánto dinero se movilizó y cuánto demoró en llegar la ayuda efectiva. El anuncio no basta: hay que medir el resultado.
Nada de esto resta valor a la solidaridad con las familias de Las Condes. Perder la casa, ver los bienes arrastrados por el barro o temer por los seres queridos duele igual en cualquier ingreso. Pero solidarizar no obliga a mirar para otro lado. Una comuna de altos ingresos tiene capacidades distintas para enfrentar una emergencia y recuperarse de ella; en un barrio vulnerable, una inundación puede significar perderlo todo, quedar sin ingresos y no tener ahorros ni seguro con que reconstruir. El peligro puede ser natural, pero la vulnerabilidad es social, y la obligación del Estado es proteger a las personas sin distinciones de clase.
La naturaleza no es nuestra enemiga; es el territorio en que vivimos. El problema comienza cuando construimos como si las quebradas no existieran y como si las lluvias extraordinarias fueran una rareza que no merece inversión preventiva. Los especialistas pueden advertirnos, pero el conocimiento científico solo salva vidas cuando se transforma en planificación, fiscalización, infraestructura y decisiones políticas.
Chile ya ha vivido demasiadas tragedias para seguir aprendiendo solo después de cada una. La prevención debe ser permanente, la ayuda debe llegar a tiempo y las responsabilidades deben investigarse hasta el final. Porque cuando el agua baja y las familias empiezan a contar sus pérdidas, ya es tarde para improvisar.
Jorge Bustos
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