Carabineros, máquinas y un deslinde que nadie ha mostrado. En San Antonio el Estado llegó rápido y con fuerza al cerro de Barrancas; lo que no llegó fue la explicación. Y la pregunta incómoda no es de quién es el terreno, sino quién decide para qué sirve la ciudad y quién se queda con la cuenta.
Hay días en que una ciudad se retrata entera en una sola escena, y el 15 de octubre en el campamento Nueva Sor Teresa, en los cerros de Barrancas, fue uno de esos días. Carabineros, maquinaria pesada, familias tratando de sacar sus cosas antes de que las pasara a llevar una retroexcavadora, y de fondo una discusión sobre dónde termina un terreno y dónde empieza otro. Todo muy ordenado, muy institucional, con harto despliegue. Lo único que faltó fue lo más barato: alguien que explicara con papeles en la mano por qué había que hacerlo así.
Conviene partir por lo básico, porque en esta historia nadie parece querer partir por ahí. Nueva Sor Teresa no es un potrero con ocupantes de paso: existe desde 2019 y ahí vive gente que lleva años armando su vida. Según lo publicado por medios locales, el procedimiento alcanzaba a nueve viviendas, mientras la comunidad sostenía que la franja reclamada por una empresa privada no correspondía al terreno que esa empresa dice tener. Es decir, no se discutía solamente si había que sacar a unas familias, sino algo anterior y bastante más elemental: dónde está el límite. Con una defensa que había presentado antecedentes para frenar el operativo y vecinos que denunciaban que nadie les aclaraba los deslindes, uno esperaría al menos que la máquina esperara al plano. Pero no, la máquina llegó puntual. Los planos, hasta donde se sabe, siguen en trámite.
Nadie está pidiendo que se desconozca la propiedad privada, que está protegida por la ley y bien que lo está. Pero esa protección tiene una condición que a veces se olvida cuando hay apuro: tiene que saberse cuál es el terreno y qué derechos se están haciendo valer. Si los vecinos dicen que sus casas quedan fuera de la propiedad reclamada, lo sensato es mirar títulos, planos y antecedentes topográficos, y no basta con que una parte jure que el terreno es suyo ni con que la otra jure lo contrario. La respuesta está en los documentos, y los documentos tienen la curiosa costumbre de no discutir ni de levantar la voz. Por eso sorprende tanto que sean lo último en aparecer.
Lo que choca es la asimetría, porque el Estado demuestra una capacidad admirable para movilizar fuerza y una dificultad igualmente admirable para movilizar certezas. Para el operativo hubo coordinación, logística y gente en terreno. Pero para decirle a una familia dónde va a dormir mañana, qué pasa con sus muebles y enseres, y, qué puede hacer para defenderse, parece que la coordinación se agotó. Cumplir una resolución judicial es una obligación, y nadie dice lo contrario, pero no borra las otras: las que tienen los organismos públicos con las personas que quedan en la calle, que a estas alturas no es una abstracción sino un problema bien concreto con nombre y apellido.
Ahora, sería ingenuo mirar esto como si ocurriera en el vacío. San Antonio es una ciudad portuaria, atravesada por carreteras, camiones, proyectos y expedientes, donde cada metro de suelo tiene dueño, precio o destino planificado, y no siempre el mismo. Para una familia un terreno es la casa y el arraigo; para una empresa puede ser un activo; para el Estado, una pieza de la planificación vial, portuaria o urbana. Hasta ahí, nada raro. Lo raro es que esas tres miradas se resuelvan siempre en el mismo orden, y que la primera sea siempre la que llega última a la conversación.
En ese paisaje está el Acceso Sur de la Ruta 78, hoy en evaluación ambiental, que contempla ampliar la capacidad de la vía, modificar el enlace Barrancas, mejorar la rotonda Curicó y sumar nuevos pórticos de peaje. Su propio expediente reconoce impactos significativos por expropiaciones, reasentamiento de población y alteración de los sistemas de vida de grupos humanos. Lo escribe el proyecto, no yo. Pero ojo, porque aquí corresponde ser serio: hasta ahora no está demostrado que las viviendas de Nueva Sor Teresa estén dentro de los terrenos para las instalaciones de faena de la Ruta 78, ni que el desalojo se haya pedido para facilitar esa obra. Eso hay que investigarlo, no darlo por hecho. Y es justamente la clase de duda que una autoridad transparente despejaría en una tarde, mientras que una autoridad que guarda silencio la deja crecer sola y abundan las sospechas.
Tampoco es la primera vez que las comunidades de la zona tienen que aprender a golpes que alguien tiene que fiscalizar. En febrero de 2025, la Superintendencia del Medio Ambiente ordenó paralizar temporalmente las tronaduras de la Variante San Juan, en la Ruta 66, tras constatar diferencias relevantes entre lo ejecutado y lo declarado en la evaluación ambiental. ¿Cómo se llegó ahí? Por denuncias ciudadanas sobre posibles daños a viviendas, salud y medioambiente. No es el mismo caso, y conviene no mezclarlos, pero deja una lección bien simple: cuando el vecino reclama, a veces tiene razón, y a veces la tiene antes de que alguien se tome el trabajo de comprobarlo.
Al final, todo se reduce a cómo se reparte el poder sobre el suelo. Las empresas tienen abogados, peritos y tiempo; las familias tienen que organizarse, buscar asesoría, juntar papeles y rezar para que alguien los lea. Eso no prueba que la empresa haya actuado mal, y lo digo con todas sus letras, pero sí obliga a preguntarse si las instituciones están asegurando que todos puedan defenderse en condiciones parejas, o si la cancha está inclinada y nadie quiere medirla.
Por eso lo mínimo que corresponde es lo que cualquiera pediría en una pyme con tres empleados: que las autoridades expliquen públicamente los antecedentes, informen en qué va el proceso judicial, digan qué apoyo les corresponde a las familias y permitan que los deslindes sean examinados por quien corresponda. No son privilegios ni desacato, es simple orden. Se llama legalidad, y consiste en aplicarla completa, no solo en la parte que viene con carros blindados.
Una ciudad no es solo un puerto, una carretera o una colección de lotes inscritos en el Conservador de Bienes Raíces. Es también la gente que trabaja, cría hijos y levanta su casa mientras las grandes economías pasan por el lado. El progreso no consiste en despejar un terreno ni en aumentar la circulación de camiones, aunque los informes digan lo contrario. Consiste en que una comunidad pueda vivir con dignidad y opinar sobre su futuro. Y ese futuro no se construye sin escuchar a quienes llevan años viviendo en los cerros de Barrancas, y las autoridades y los vasallos del poder, a lo menos debieron poner, los documentos sobre la mesa para saber dónde cresta están los deslindes.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad / Región Valparaíso
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