Ayer llegó a mis manos, casi por casualidad, el Informe de la Comisión Especial de Mar y Puerto de la Municipalidad de Valparaíso. Un documento que, por su relevancia, debiera estar siendo discutido en cada junta de vecinos, en cada organización social, en cada espacio donde se piensa el futuro de la ciudad. Pero no lo está. Y ese silencio no es casual: mientras menos se discuta, más fácil es que decisiones estratégicas avancen sin resistencia informada.
Partamos por ordenar el debate, porque aquí también se juega la claridad. La actividad portuaria no es la principal actividad económica de Valparaíso en términos de empleo ni de vida cotidiana. Ese lugar lo ocupan el turismo y el mundo universitario, que sostienen buena parte del dinamismo local, al igual que los servicios públicos. El puerto, en cambio, es la actividad que genera mayor renta. Y ahí está el problema de fondo: esa renta no se queda en la ciudad.
Se nos habla de desarrollo, pero no se explica cómo ese desarrollo impacta concretamente en los barrios. Se repite la cifra de 18 mil empleos asociados a la actividad portuaria, pero cuando se revisa con más detalle y estudios realizados por equipos cercanos al territorio lo han intentado hacer no queda claro cuántos de esos empleos son efectivamente de Valparaíso, cuántos son directos, cuántos son precarios o cuántos simplemente corresponden a cadenas logísticas que operan fuera de la ciudad. Es decir, se instala una cifra potente, pero sin desagregación suficiente para sostenerla como argumento incuestionable.
Y aquí aparece una cuestión clave: si la principal justificación del modelo es el empleo, pero ese empleo no está claramente vinculado a la ciudad, entonces el argumento pierde fuerza. Más aún cuando no existen mecanismos claros para que la renta portuaria retorne al territorio. No hay royalty portuario, no hay una estructura de tributación local significativa, no hay garantías de inversión directa en los barrios. En simple: la actividad que más renta genera es, al mismo tiempo, la que menos contribuye proporcionalmente al bienestar de la ciudad.
En ese contexto, el informe reconoce debilidades importantes: falta de institucionalidad, ausencia de datos propios, centralismo en la toma de decisiones. Pero se queda corto al momento de asumir las consecuencias de esas debilidades. Porque no se trata solo de un problema técnico. Es un problema de poder. Y cuando una ciudad no tiene poder para incidir en su principal fuente de renta, otros lo ejercen por ella.
Hoy estamos ad portas de procesos de licitación que pueden comprometer el borde costero por décadas. Y lo que se observa es una tendencia clara hacia la concentración de la operación en grandes actores internacionales, bajo un modelo donde la ciudad no define las reglas, sino que las recibe. En ese escenario, aceptar sin condiciones claras la entrega de espacios estratégicos como una de las pocas playas que le quedan a Valparaíso no puede ser considerado un acto neutro. Menos aun cuando lo que se ofrece a cambio son promesas generales, sin mecanismos exigibles de cumplimiento.
Aquí es donde la responsabilidad política local se vuelve ineludible. No basta con reconocer problemas estructurales si, al mismo tiempo, se evita pronunciarse sobre decisiones concretas que los profundizan. Casos como el Parque Barón, con cuestionamientos jurídicos que no han sido enfrentados con claridad, o la aprobación de proyectos portuarios con observaciones relevantes en su evaluación ambiental, no pueden quedar fuera del debate. Más aún cuando quienes tienen responsabilidades institucionales cuentan con formación jurídica suficiente para comprender la magnitud de esas decisiones.
El punto no es personalizar el conflicto, sino asumir que la autoridad local no puede limitarse a administrar procesos. Tiene el deber de fijar posición cuando están en juego bienes comunes, legalidad administrativa y el futuro del territorio. Guardar silencio frente a decisiones discutibles no es neutral: es, en los hechos, permitir que avancen.
Valparaíso no necesita más diagnósticos que lleguen tarde. Necesita capacidad de incidencia real. Necesita discutir con datos propios, pero también con una posición política clara: que la renta que se genera en el puerto debe beneficiar a la ciudad, que el borde costero no puede ser entregado sin condiciones, y que el desarrollo no puede medirse solo en toneladas transferidas, sino en calidad de vida para quienes habitan el territorio.
Porque si esa discusión no se da ahora, se va a dar después, cuando las decisiones ya estén tomadas. Y ahí, como tantas veces, solo quedará constatar que el puerto creció, que los números cerraron en algún informe, pero que Valparaíso siguió empobreciéndose, viendo cómo su principal fuente de riqueza pasa frente a sus ojos sin dejar lo suficiente para sostener su propio futuro.
Jorge Bustos
Defendamos La Ciudad
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