Mientras los alcaldes practican el pensamiento mágico, al vertedero Los Molles le quedan siete años de vida. Tic, tac.

Hay problemas que son como esa mancha de humedad en la pared: la miras, la ignoras y rezas para que un día se aburra y se vaya sola. En la Región de Valparaíso, esa mancha se llama vertedero Los Molles, y nuestros alcaldes parecen tener un máster en pensamiento mágico, convencidos de que la basura, por arte de magia, simplemente dejará de existir.

Seamos brutalmente honestos: a Los Molles, el principal basurero de la región, le quedan, con optimismo nivel Disney, siete años de vida. Siete. Ni uno más. Es una bomba de tiempo que hace tictac bajo nuestros pies, pero quienes tienen el poder para desactivarla parecen estar muy ocupados mirando el celular.

Lo más irónico, casi cómico, de esta crisis es que la solución no solo existe, sino que es chilena y tiene nombre: Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Sin embargo, aplicarla requiere dos ingredientes que hoy parecen más escasos que un estacionamiento en Reñaca en febrero: voluntad política y sentido común.

Hoy, más del 80% de lo que enterramos en Los Molles podría reciclarse. Piénselo un segundo. Ocho de cada diez camiones que desfilan hacia el vertedero transportan materiales valiosos. Dinero. Recursos. Oportunidades. Todo termina aplastado bajo toneladas de tierra en un ritual absurdamente caro. ¿Por qué? Hagamos un breve recorrido por el paraíso de la inacción:

• Viña del Mar: La "Ciudad Jardín", con más de 300.000 habitantes, ostenta la increíble cifra de cuatro puntos limpios. Una cantidad que parece un chiste, pero de los malos. La recolección de reciclaje puerta a puerta, obligatoria por ley desde 2023, sigue siendo un espejismo urbano.
• Valparaíso: La autoproclamada "Joya del Pacífico" parece haber delegado su plan de reciclaje a la buena fe de los recicladores de base. Una estrategia tan sólida como construir un castillo de arena esperando que aguante una marejada.
• Quilpué y Villa Alemana: Aquí simplifican la ecuación a su manera: todo al mismo camión, todo al mismo hoyo. ¿Separar en casa? Un gesto romántico y completamente inútil, cortesía de una gestión que aún no firma los convenios para financiar lo que la ley exige.
• Concón y Puchuncaví: Comunas con un historial ambiental que debería obligarlas a ser las primeras de la clase, guardan un silencio que, francamente, resulta ensordecedor. Sin metas claras, sin apuro, como si el problema fuera de otro planeta.

En medio de este naufragio anunciado, flota un bote salvavidas llamado Ley REP. Si se aplicara como corresponde, la vida útil de Los Molles podría extenderse a más de 15 años. ¡Más del doble! Esto significaría reducir la basura que llega al vertedero entre un 30% y un 50%, ahorrar el dineral que hoy pagamos por enterrarla y, por fin, tener un sistema de reciclaje digno del siglo XXI, como el que ya funciona en algunas comunas de Santiago y otras partes del mundo.

Entonces, si la solución está servida en bandeja, ¿por qué insistimos en navegar directo hacia el iceberg?

Las excusas son un disco rayado. Primero, la falta de glamour político. Cortar la cinta de una plaza vende más que organizar rutas de camiones de reciclaje. Segundo, la cómoda presión de algunas empresas que prefieren seguir en el caos actual antes que asumir los costos y la responsabilidad sobre sus propios envases, como manda la ley. Y tercero, un desinterés ciudadano que, en gran parte, es culpa de las propias autoridades, que no educan ni ofrecen las herramientas para que la gente participe.

La Ley REP no es un poema abstracto; es un manual de instrucciones. Obliga a los municipios a cosas tan revolucionarias como:

Poner camiones distintos para basura distinta (¡qué locura!). Deben implementar servicios de recolección selectiva para que nuestro esfuerzo en casa sirva de algo.

Crear y mantener puntos limpios que no sean decorativos.

Coordinarse con las empresas (Sistemas de Gestión) para que paguen la cuenta, firmando convenios que financien la operación.

Integrar dignamente a los recicladores de base, que en su mayoría son mujeres, al igual que la alcaldesa de Valparaíso, las recicladoras esas mismas a las que hoy les dejan todo el trabajo sucio sin darles las herramientas ni la seguridad que merecen.

Esta obligación, por cierto, no es una sugerencia. Desde 2023, con el decreto de envases y embalajes, es ley. Ignorarla no es solo negligencia, es directamente una falta.

El colapso de Los Molles no es una profecía, es una cita en el calendario antes de 2030. Cuando ocurra, veremos a los mismos de siempre rasgando vestiduras y preguntándose cómo pasó. Quizás la pregunta correcta sea: ¿no se les paga justamente para evitar esto? La ley existe desde 2016. Tuvieron tiempo de sobra para leerla.

No podemos seguir siendo espectadores. Es hora de exigir a nuestros alcaldes y concejales que dejen de esconder la basura bajo la alfombra y se pongan a trabajar. El tiempo de las excusas se agotó. O las autoridades asumen su responsabilidad, o el único legado que la Región de Valparaíso le dejará al futuro será un monumental y apestoso cerro de vergüenza.

La decisión está en la cancha de las autoridades comunales y la gobernación, pero las consecuencias, como siempre, las pagaremos todos.

Defendamos la Ciudad
Jorge Bustos