Lo dijimos hace 27 años, y lo volvemos a decir. Hace 27 años le advertimos a las autoridades lo que se venía si privatizaban el puerto sin mirar el territorio: cesantía, precarización y una ciudad expropiada de su propia riqueza. Nos ignoraron. Hoy, frente a las 99 propuestas de Camport, se lo volvemos a advertir, porque el guion no cambió: solo cambiaron los nombres de los documentos.
El Manifiesto por Valparaíso del 14 de julio de 1999 no fue un simple desahogo gremial. Fue una advertencia técnica y política, redactada por trabajadores portuarios y organizaciones sociales y empresariales pequeñas de la ciudad que entendían el territorio mejor que cualquier consultora. Frente al modelo monooperador y la Ley de Puertos N° 19.542, dijimos que privatizar la rentabilidad de las faenas sin un marco regulatorio anclado al territorio terminaría estrangulando a la ciudad. Dijimos que la concentración de la riqueza en unos pocos consorcios, decidida en directorios que firman en Santiago, expropiaría la cadena de valor local: agencias de estiba, pymes marítimas, miles de empleos directos e indirectos. Nos prometieron que la eficiencia derramaría prosperidad sobre el Gran Valparaíso. Veintisiete años después, la prosperidad nunca llegó. Algo así como la alegría de la concertación.
Camport celebra hoy más de 2.000 millones de dólares en inversión privada acumulada en el sistema portuario. Pero conviene desmontar esa cifra antes de que se convierta en dogma. Esa inversión compró grúas, tractocamiones, sistemas operativos y equipamiento que los propios privados deprecian y descuentan de impuestos cada año: fierros que rentabilizan su propio negocio, no infraestructura que la ciudad pueda usar o cobrar. La verdadera inversión monumental la hizo el Estado chileno, con la plata de todos los contribuyentes: carreteras, puentes, pasos a desnivel, plataformas públicas de almacenaje. Sin esa red pública, la logística privada simplemente no existe. Mientras el privado amortiza sus máquinas, es el pueblo porteño y el Fisco quienes sostienen los cimientos de un negocio multimillonario del que la ciudad recibe, a cambio, congestión y desgaste.
Las cifras actuales confirman la profecía de aquel 14 de Julio del 1999. La región de Valparaíso registró en el trimestre marzo-mayo de 2026 una tasa de desocupación de 10,2%, la más alta del país, muy por sobre el promedio nacional de 9,4%. En el Gran Valparaíso el desempleo femenino supera largamente esa cifra, y la informalidad se ha convertido en el único sustento de cerca de un tercio de la fuerza de trabajo regional. El casco histórico se despuebla de comercio, los cerros se llenan de campamentos empujados por un déficit habitacional que ya no es grieta sino herida abierta, y el puerto sigue moviendo fortunas que jamás bajan del muelle hacia la ciudad. ¿Tenían razón los trabajadores al pedir en 1999 que se congelaran las licitaciones hasta cuantificar sus costos sociales? ¿Se equivocaban los jubilados al exigir el fin de los descuentos previsionales tras una vida entera en los muelles? Las estadísticas de hoy responden solas.
Las 99 propuestas de Camport dadas a conocer en enero de este año, insisten en el mismo enclave que denunciamos hace 27 años, solo que con vocabulario más técnico. Piden acotar la "permisología", reducir el concepto legal de trabajador portuario y facultar al Ministerio de Vivienda para saltarse los instrumentos de planificación comunal desde un escritorio en Santiago, exactamente lo que el manifiesto de 1999 ya identificaba como el problema de fondo: tratar al puerto como plataforma logística de paso para el capital exportador, y no como la casa común de una comunidad histórica. Y hay un capítulo que merece mención aparte: el documento propone revisar el reglamento del Cuerpo de Prácticos y evaluar que civiles sin formación naval previa puedan incorporarse a una profesión que hasta hoy exige entrenamiento militar, argumentando escasez de postulantes. Es la misma lógica de siempre disfrazada de solución técnica: en lugar de dignificar el oficio y sus condiciones para que atraiga vocaciones, se prefiere bajar el estándar de entrada a una labor de la que depende, literalmente, la seguridad de cada maniobra de atraque y zarpe en nuestras bahías.
Valparaíso no necesita más diagnósticos importados desde la capital. Lo que esta ciudad puerto exige hoy, con la misma fuerza que al cierre del siglo pasado, es un acto real de justicia territorial: que los recursos que genera su mar se queden en sus cerros y en su plan, que se respete la dignidad de quienes trabajan el puerto desde el estibador hasta el práctico que guía cada nave a la bahía, y que la planificación de la ciudad la decidan los porteños, no los dueños del modelo. Lo advertimos en 1999 y el tiempo nos dio la razón. Lo advertimos otra vez ahora. La única pregunta que queda pendiente es si esta vez alguien, por fin, las autoridades y los dirigentes sociales se decidirán a escuchar.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad / Región Valparaíso
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