Se vuelve a instalar la idea de que el Estado está en crisis y que no alcanza la plata. Desde el gobierno de José Antonio Kast se empieza a deslizar una señal clara: en televisión, su ministro Quirós plantea recortar la PGU porque habría personas que “no lo merecen”. El argumento es conocido: hay que ajustar el gasto. Pero el punto de partida está mal planteado. Antes de recortar, habría que responder una pregunta que a la derecha no le gusta: ¿quién financia realmente el Estado en Chile y, en particular, el sistema de pensiones?
Porque los datos muestran algo evidente: el Estado sigue destinando una proporción muy relevante de su presupuesto a pensiones, en un país donde se prometió que cada trabajador financiaría su propia vejez. El sistema creado por el Decreto Ley 3.500 no eliminó ese gasto; lo transformó. Las cuentas individuales generan pensiones que, en muchos casos, apenas alcanzan un 30% del ingreso en actividad. La diferencia la cubre el Estado. No estamos frente a una falla puntual, sino ante un diseño que traslada el problema hacia adelante y luego lo reintroduce como gasto fiscal.
Al mismo tiempo, el sistema cumple con eficacia su verdadera función económica: canalizar el ahorro obligatorio hacia el mercado de capitales. Las AFP invierten en deuda de bancos, grandes empresas, concesionarias, y en instrumentos financieros en el extranjero. Ese flujo no es marginal; es estructural. Permite financiar expansión empresarial, crédito y operaciones a gran escala. En otras palabras, el ahorro previsional sí es eficiente como motor financiero, pero no como mecanismo suficiente para asegurar pensiones dignas.
Aquí es donde aparece el vínculo con el IVA, que suele quedar fuera del debate. Una parte importante del financiamiento del Estado proviene de este impuesto al consumo, que pagan proporcionalmente más quienes destinan la mayor parte de su ingreso a gastos básicos. Con esos recursos recaudados diariamente cuando las personas compran alimentos, pagan servicios o arriendos, el Estado financia, entre otras cosas, la PGU y los complementos a pensiones insuficientes. Es decir, el mismo trabajador que cotizó durante su vida laboral vuelve a aportar, vía consumo, para sostener el sistema que no logró garantizarle una pensión adecuada.
El resultado es un esquema difícil de justificar desde la justicia básica: el trabajador financia su pensión con ahorro obligatorio, contribuye al financiamiento estatal mediante impuestos al consumo(IVA), y finalmente depende de ese mismo Estado para completar ingresos que el sistema no logra generar. Y aun así, la respuesta que se plantea es recortar beneficios. No se trata de un problema de escasez puntual, sino de una arquitectura que prioriza la acumulación de capital y luego socializa sus insuficiencias. Esa es la discusión de fondo que hoy se intenta evitar.
Añadir nuevo comentario