¿Por qué el Estado parece dispuesto a vigilar con intensidad a quienes tienen menos poder, pero se vuelve extraordinariamente cauteloso cuando la investigación puede alcanzar a quienes concentran dinero, influencia o capacidad de decisión?
“Que lejos quedo eso, del que nada hace nada teme”
Durante años la política chilena nos ha repetido que la principal amenaza para la seguridad se encuentra en las calles. Nos han mostrado al delincuente común, al narcotraficante de barrio, al inmigrante irregular o al joven encapuchado como los rostros visibles del problema. Sobre ellos se han construido campañas electorales, leyes más duras, mayores atribuciones policiales y discursos permanentes sobre orden y seguridad. Pareciera que toda la preocupación del Estado se concentra en perseguir a quienes operan en los márgenes de la sociedad.
Sin embargo, la reciente discusión en el Senado sobre el levantamiento del secreto bancario dejó al descubierto una contradicción que merece ser observada con atención. Cuando el debate se trasladó desde las poblaciones hacia los bancos, desde los barrios hacia las cuentas corrientes y desde los delincuentes visibles hacia quienes administran grandes flujos de dinero, parte importante de quienes se presentan como los mayores defensores de la seguridad comenzaron a hablar de garantías, derechos, privacidad y límites al poder del Estado.
Los senadores que se opusieron a flexibilizar el acceso a información bancaria argumentaron que la autorización judicial constituye una garantía fundamental para proteger los derechos de las personas y evitar eventuales abusos de los organismos públicos. Sostuvieron que permitir un acceso administrativo más expedito podría abrir espacios para persecuciones indebidas o para el uso político de información financiera sensible. Como principio democrático, el debate merece ser tomado en serio. Toda sociedad libre debe preocuparse de los límites del poder estatal.
Pero la pregunta que surge de inmediato es por qué esa preocupación parece aparecer con tanta intensidad cuando se trata de revisar movimientos bancarios sospechosos y no cuando se discuten medidas de control sobre la población común. Resulta difícil no advertir una evidente asimetría. Para controlar una plaza, ampliar facultades policiales, restringir derechos en nombre de la seguridad o endurecer mecanismos de vigilancia sobre la ciudadanía, en particular de los estudiantes, las urgencias suelen ser inmediatas. En cambio, cuando la discusión apunta a seguir la ruta del dinero, las cautelas parecen multiplicarse.
Y es precisamente la ruta del dinero donde se encuentra el verdadero corazón del crimen organizado moderno. Las organizaciones criminales no existen para acumular fajos de billetes escondidos bajo una cama. Su objetivo es transformar recursos obtenidos ilegalmente en riqueza aparentemente legítima. Compran propiedades, crean empresas, adquieren vehículos, realizan inversiones y penetran la economía formal. Para lograrlo necesitan bancos, sociedades comerciales, operadores financieros, estructuras jurídicas y mecanismos de lavado de activos. Sin ese proceso, el negocio criminal simplemente no puede sobrevivir.
Por eso es un error reducir el concepto de crimen organizado únicamente al narcotráfico o a las bandas violentas que ocupan titulares de prensa. El crimen organizado también incluye a quienes facilitan el lavado de dinero, a quienes diseñan mecanismos para ocultar patrimonio, a quienes construyen estructuras destinadas a esconder el origen de los recursos y a quienes utilizan sus posiciones de influencia para garantizar impunidad o beneficios económicos. En las grandes organizaciones criminales siempre existe una conexión entre el delito visible y los circuitos financieros que permiten que ese delito genere ganancias.
La experiencia internacional demuestra que ninguna red criminal mueve millones de dólares durante años sin algún grado de colaboración desde sectores aparentemente respetables de la economía. Detrás de los cargamentos de droga suelen aparecer empresas de fachada, profesionales especializados, intermediarios financieros y complejas redes de lavado. El crimen organizado moderno no termina donde comienza el traje y la corbata. Muchas veces recién empieza allí.
Pero la discusión sobre el dinero tampoco debería limitarse al narcotráfico. La historia reciente de Chile ha demostrado que algunos de los mayores escándalos nacionales no nacieron en una esquina ni en una población. Casos de corrupción, financiamiento irregular de la política, fraude al Estado, tráfico de influencias, colusión empresarial y captura de instituciones públicas han revelado que existen formas de criminalidad que operan desde espacios de poder económico y político. Son delitos menos visibles, pero capaces de producir daños enormes al interés público y a la confianza en las instituciones.
La propia experiencia chilena demuestra que cuando el dinero logra influir sobre las decisiones públicas, las consecuencias pueden extenderse durante décadas. La discusión en torno a determinadas leyes impulsadas bajo fuertes presiones de grupos económicos, los diversos casos de financiamiento irregular de la política y los múltiples escándalos de corrupción conocidos durante los últimos años han dejado una lección evidente: seguir la ruta del dinero no solo permite perseguir delincuentes; también permite entender cómo operan las redes de influencia que muchas veces capturan decisiones que deberían responder al interés general.
Por eso la votación del Senado trasciende ampliamente una discusión técnica sobre procedimientos bancarios. Lo que realmente se debatió fue hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado cuando la investigación comienza a acercarse a los grandes flujos financieros. Porque perseguir el dinero significa perseguir poder. Significa identificar beneficiarios, descubrir relaciones, reconstruir redes y comprender quién gana realmente con determinadas operaciones. Y esa es una tarea mucho más incómoda que detener a un delincuente en la calle.
Si Chile quiere enfrentar seriamente al crimen organizado, deberá abandonar la idea de que la seguridad se resuelve únicamente con más patrullas, más cárceles o más controles policiales. Las mafias modernas funcionan como empresas. Administran recursos, diversifican inversiones, construyen redes financieras y utilizan mecanismos sofisticados para ocultar sus ganancias. Combatirlas exige seguir el dinero hasta el final, sin importar si conduce a una población periférica, a una oficina corporativa en las comunas más ricas de Chile, a una sociedad de papel o a un círculo de poder político.
Porque la verdadera prueba de una política de seguridad no consiste en perseguir a quienes tienen menos capacidad de defenderse. La verdadera prueba aparece cuando la investigación alcanza a quienes poseen recursos, influencia y poder. Es allí donde se descubre si el compromiso contra el crimen organizado es real o simplemente una consigna útil para los discursos de campaña o para la tele.
Y la señal que dejó esta discusión es inquietante. Porque cuando llegó el momento de decidir entre facilitar la persecución del dinero ilícito o mantener intactas las barreras que lo protegen, una parte importante de la clase política optó por la segunda alternativa. La ciudadanía tendrá que sacar sus propias conclusiones y no votar como la chusma inconsciente, que describía el León de Tarapacá.
Jorge Bustos
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