A finales de 2007, el debate político nacional estuvo marcado por una advertencia que hoy recobra total vigencia: el gran pecado de origen de la conducción política de la época era su subordinación a una racionalidad puramente tecnocrática. Aquella histórica crisis del Transantiago no fue un simple error de diseño vial; fue el síntoma de un modelo que desconfiaba de lo público y postergaba el bienestar social en favor de los equilibrios financieros. Casi dos décadas después, el país se encuentra ante una encrucijada idéntica en su raíz, pero radicalmente agravada. Hoy, bajo el gobierno de José Antonio Kast, asistimos a la restauración de esa misma fe ciega en el mercado, envuelta en una retórica de orden que esconde una profunda desprotección ante los desafíos del siglo XXI.
Mientras el gabinete económico celebra décimas de crecimiento macroeconómico en foros internacionales, las alertas globales apuntan a un fenómeno inédito que ya se asoma en el horizonte: el riesgo de una "Crisis Global de Inteligencia". Los análisis de riesgo de cara a los próximos años advierten sobre la paradoja del "PIB Fantasma" (Ghost GDP): un escenario donde la automatización extrema y la Inteligencia Artificial disparan la eficiencia corporativa y las cifras de producción, pero destruyen el empleo humano y congelan los salarios. La riqueza se acumula en las máquinas y en las corporaciones, dejando de circular hacia los hogares.
Frente a este tsunami tecnológico que amenaza con desplazar no solo a los sectores operativos, sino a profesionales y trabajadores calificados de "cuello blanco", la actual administración gobierna mirando el espejo retrovisor de la ortodoxia de los años ochenta. Los ministerios se han transformado en directorios empresariales incapaces de planificar el mañana:
El Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, encarna perfectamente esta desconexión. Enfocado en dar señales de confianza a Wall Street y en la desregulación de los mercados, celebra una estabilidad fiscal de papel. Para la lógica de Hacienda, si las cifras macroeconómicas cuadran, el país avanza, ignorando que la base de consumo de las familias chilenas se está asfixiando ante una informalidad laboral que ya roza el 30%.
- El Ministro del Trabajo, Tomás Rau, responde a esta inminente ola de automatización con las viejas recetas de la flexibilización laboral extrema y el debilitamiento de los derechos colectivos. Legislar para precarizar el empleo en las puertas de la mayor revolución tecnológica de la historia es una irresponsabilidad. La desprotección del trabajador no genera empleos sustentables; solo acelera el reemplazo humano por capital tecnológico sin amortiguación social.
- El Biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, con su conocida impronta corporativa, profundiza un modelo puramente extractivista. Bajo su gestión, Chile corre el riesgo de ser una colonia de la periferia digital: un simple proveedor de cobre para el cableado de los servidores de IA y litio para sus baterías, para que grandes corporaciones instalen Data Centers que consumen nuestra energía y agua sin dejar valor agregado ni conocimiento local en el territorio.
El error fatal de la dupla Quiroz-Rau es creer que el impacto de esta economía fantasma se limitará a las cifras de desempleo. Lo que las alertas globales describen es un riesgo sistémico mucho más peligroso: una verdadera "cadena de margaritas" de apuestas financieras correlacionadas que amenaza con hacer estallar la burbuja del crédito. Cuando la automatización barra con los ingresos de los profesionales de "cuello blanco", el primer dominó en caer será el mercado de los créditos hipotecarios y de consumo. Sin capacidad de pago en las clases medias, asistiremos a un impago masivo que arrastrará al sistema bancario, mientras las masivas inversiones corporativas en software e infraestructura tecnológica que no generen retornos reales terminarán por secar los mercados de capitales. La crisis que viene no es solo de escasez de puestos de trabajo; es una crisis de liquidez y deuda que congelará la economía real.
La denuncia histórica adquiere hoy un carácter de urgencia vital: en este gobierno existe una renuncia explícita a pensar el futuro. Se ha desmantelado cualquier intento de planificación estratégica estatal porque la ideología oficial dicta que el mercado debe diseñar el destino del país de manera autónoma.
Esta disyuntiva nacional y global adquiere su expresión más dramática y dolorosa cuando aterrizamos en el motor económico de nuestra región: el cordón portuario de Valparaíso y San Antonio. Aquí, la alianza entre el centralismo santiaguino y las grandes directrices del capital privado actúa como un torniquete que asfixia el desarrollo de nuestras comunas costeras.
Tanto Valparaíso como San Antonio viven bajo la paradoja de la opulencia portuaria y el estancamiento local. Mientras los terminales registran movimientos de carga históricos, las ciudades sufren el deterioro de su infraestructura, el colapso vial de los accesos y la falta de oportunidades. Es el "PIB Fantasma" en su versión más pura y territorial: los balances de comercio exterior brillan en los portales especializados navieros, pero las comunidades locales solo reciben las externalidades negativas y la marginalidad.
La deprimente confirmación de este abandono centralista quedó firmada con el portazo explícito del gobierno de José Antonio Kast y sus ministros al Royalty Portuario. La negativa tajante del Ejecutivo a permitir que la actividad marítima tribute directamente en las comunas donde opera rompe cualquier ilusión de justicia territorial. Al negarse al royalty, el gobierno central condena a los municipios de Valparaíso y San Antonio a seguir administrando la pobreza, privándolos de los recursos públicos urgentes para salud, vivienda y educación técnica avanzada que prepare a las nuevas generaciones para el impacto de la automatización logística.
El problema de fondo no reside únicamente en la recaudación, sino en las reglas del juego comercial vigentes. La Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) y la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) actúan como meros administradores estatales de un modelo diseñado para favorecer la concentración. No son las empresas públicas las que ejercen el monopolio por sí mismas, sino el marco institucional que les permite licitar y entregar la infraestructura soberana de Chile a grandes conglomerados económicos nacionales e internacionales.
La alerta más grave para el futuro laboral y estratégico del litoral se encendió recientemente en las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) respecto a las bases de las próximas licitaciones de la macrozona central para el año 2029. La FNE ha puesto sobre la mesa la viabilidad de licitar a un solo concesionario integrado, bajo la lógica de que la alta competencia internacional justifica la concentración de la operación interna.
Esta recomendación es una bomba de tiempo social y económica para la región. Entregar la operación del frente portuario principal a un único actor internacional o transnacional no solo sepulta la libre competencia interna, sino que entrega un poder de presión descomunal sobre las tarifas, el cabotaje y, lo más grave, sobre los puestos de trabajo. Para los trabajadores portuarios de Valparaíso y San Antonio, la consolidación de un operador único significa la pérdida absoluta de capacidad de negociación colectiva y el camino libre para una automatización unilateral y acelerada de los terminales, sin mitigar el impacto social.
Bajo la conducción del Ministro de Transportes, Louis de Grange, la política de infraestructura portuaria se reduce a agilizar estas licitaciones bajo la premisa de la eficiencia de mercado, ignorando deliberadamente que detrás de cada grúa y de cada contenedor hay comunidades y familias que sostienen la actividad portuaria.
Ante esta ofensiva centralista y corporativa, cabe preguntarse: ¿Dónde están y qué hacen nuestras autoridades regionales elegidas democráticamente? El comportamiento de quienes debieran encabezar la resistencia territorial revela una claudicación alarmante ante la billetera del Estado y las presiones del gran capital.
El Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, cuyo origen político estuvo ligado a la defensa radical de los bienes comunes, la tierra y el agua, ha mostrado un pragmatismo desconcertante que raya en la capitulación. Su mutación política no se limita a Valparaíso; se ha extendido con fuerza hacia la provincia de San Antonio, donde ha asumido un rol activo que lo sitúa, en la práctica, como el principal promotor del Megapuerto (Puerto Exterior de San Antonio).
Al alinearse con la agenda de la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) y presionar públicamente por la celeridad del proyecto de Puerto Exterior, Mundaca ha terminado validando la misma lógica centralista que subordina la vida comunitaria y los ecosistemas locales a las necesidades del gran empresariado logístico y naviero. El Gobernador ha decidido ponerse al frente de la campaña de viabilidad del Megapuerto, transformando las legítimas exigencias vecinales y los severos cuestionamientos ambientales como la destrucción irreversible del sistema de humedales de las lagunas de Llolleo (Ojos de Mar) en meras variables técnicas a mitigar a través de mesas de diálogo que él mismo propicia.
Esta misma ambigüedad cruza las alcaldías del litoral. En Valparaíso, la administración local terminó firmando el "Acuerdo por Valparaíso", cediendo la posición de fuerza histórica de la ciudad a cambio de promesas de mitigación e infraestructura menor como paseos costeros subordinados sin haber conquistado el control local de la empresa portuaria ni el royalty real. Mientras tanto, en la Municipalidad de San Antonio, la conducción local asiste como un espectador de piedra al diseño de las nuevas licitaciones del 2029. Atrapada en su falta de peso político ante el Ministerio de Transportes y el Sistema de Empresas Públicas (SEP), la alcaldía ha sido incapaz de articular una defensa sólida frente al avance del Megapuerto y a las amenazas monopolísticas de la FNE, dejando a los trabajadores portuarios del principal terminal del país en la más absoluta vulnerabilidad laboral.
Para colmo de males, el silencio y la cooptación institucional han calado hondo en el tejido social y civil que debió ser la última línea de defensa de las comunas portuarias. Las cúpulas de las organizaciones vecinales de ambas ciudades y las altas esferas académicas han sucumbido a la misma estrategia de pacificación y asimilación corporativa, mostrando una coincidencia alarmante en su claudicación ideológica.
En San Antonio, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos (UNCO), encabezada por dirigencias que históricamente se han autodefinido como militantes de izquierda y defensores de las causas populares, ha terminado cediendo ante la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA). Aquellos discursos que prometían combatir la voracidad del capital y proteger la calidad de vida de las poblaciones se desvanecieron en el momento en que sus máximos dirigentes aceptaron sentarse en las mesas de gobernanza y comités de mitigación financiados por la misma estatal portuaria. Al validar el diseño del Megapuerto a cambio de migajas de "desarrollo comunitario", sedes sociales nuevas o proyectos menores, la dirigencia de la UNCO de San Antonio ha neutralizado la resistencia vecinal legítima.
Este fenómeno de domesticación comunitaria se repite con idéntica precisión en el puerto histórico. La Unión Comunal de Juntas de Vecinos (UNCO) de Valparaíso, bajo liderazgos que también se reclaman de izquierda y de un supuesto progresismo combativo, se ha rendido ante la estrategia de pacificación territorial de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV). Las dirigencias vecinales porteñas, que en el pasado marchaban en defensa del borde costero, hoy se sientan complacientes en las mesas del "Acuerdo por Valparaíso", legitimando la expansión portuaria a cambio de fondos concursables menores y reparaciones cosméticas en los cerros, actuando hoy como amortiguadores del descontento y relacionadores públicos de EPV.
A este coro de voluntades entregadas se suma, con el peso más doloroso de la decepción, el rol de la academia local. Los rectores de las universidades tradicionales de la región Osvaldo Corrales (UV), Juan Yuz (USM), las máximas autoridades de la PUCV y la red del Consejo de Rectores de Valparaíso (CRUV) estamparon alegremente sus firmas en el mentado "Acuerdo por Valparaíso". Aquellas instituciones que debieran ser los faros del pensamiento crítico, la investigación independiente y la planificación soberana del territorio, terminaron actuando como los notarios académicos de EPV. Pusieron sus prestigiosos timbres institucionales para darle un barniz de "consenso técnico" a un diseño que, en el fondo, consolida la pérdida de control local sobre nuestro borde costero.
Es momento de emplazar directamente a esas rectorías y revisar con lupa el peso de sus firmas. Cabe conminarlos públicamente a definir su postura: ¿seguirán las universidades de Valparaíso prestando su patrimonio intelectual para blindar este verdadero Caballo de Troya que bajo promesas de progreso esconde la privatización del litoral y la asfixia de la ciudad? ¿O recuperarán su vocación pública para ponerse del lado de las comunidades y los trabajadores? La academia no puede ser la relacionadora pública ilustrada del capital portuario; su deber es con el futuro de los habitantes, no con los directorios que se definen en Santiago.
Frente a este escenario, la respuesta no puede quedarse en la mera denuncia o en la nostalgia del pasado. Enfrentar la economía fantasma exige disputar el modelo con propuestas de política pública audaces y de vanguardia. Es urgente legislar para establecer un Impuesto Nacional al Cómputo de Inteligencia Artificial, gravando la capacidad de procesamiento de las grandes corporaciones para financiar la reconversión laboral de nuestros trabajadores. Chile debe avanzar hacia la creación de un Fondo de Soberanía de Inteligencia, donde el Estado retenga propiedad y propiedad intelectual de los desarrollos tecnológicos estratégicos. A nivel local, la urgencia pasa por un plan de blindaje productivo: subsidios y fomento directo a las Pymes regionales para su digitalización soberana, programas masivos de empleo y formación técnica digital para la juventud del litoral, y una reforma energética que condicione la instalación de industrias tecnológicas al uso exclusivo de matrices limpias que dejen valor en las comunas. No se trata de frenar el futuro, sino de gobernarlo en favor del pueblo
El panorama es desolador: mientras el gobierno de ultra derecha de Kast y sus ministros empresariales avanzan decididos a privatizar e integrar monopólicamente el litoral, las autoridades locales elegidas para defender el territorio, las cúpulas vecinales cooptadas de Valparaíso y San Antonio, y los rectores universitarios alineados se han transformado en administradores de la resignación y promotores de la expansión. Unos por oportunismo institucional, otros por incapacidad política y algunos por conveniencia sectorial o presupuestaria, todos han terminado asumiendo que el destino de la región debe seguir las pautas que dicta Santiago y el capital naviero internacional.
La disyuntiva para nuestro litoral es categórica: o permitimos que Valparaíso y San Antonio sigan siendo zonas de sacrificio logístico, cuyos frentes de atraque se entregan cerrados a monopolios transnacionales con la complicidad, el silencio y la promoción de las autoridades, corporaciones y dirigencias locales, o recuperamos la soberanía de nuestros puertos desde las bases trabajadoras y ciudadanas genuinas. El desarrollo de la macrozona central no puede seguir diseñándose a espaldas de su gente, y menos aún con la firma conforme de quienes prometieron defenderla.
Jorge Bustos
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