El ministro Jorge Quiroz y la derecha que él representa intentan presentar como “racionalización” lo que en realidad es un rediseño ideológico del Estado. Pero la discusión económica global hace rato dejó atrás este tipo de recetas. No estamos frente a un ajuste técnico neutral, sino ante una decisión política: trasladar recursos desde la mayoría social hacia el capital, amparados en una promesa de crecimiento que la evidencia internacional ha debilitado de forma consistente.
La columna vertebral del plan, rebajar el impuesto corporativo (a las empresas) del 27% al 23% y fijar invariabilidad tributaria ( no subir los impuestos a los ricos) por décadas, descansa en la lógica de la llamada economía de la oferta. Sin embargo, Joseph Stiglitz ha sido claro al evaluar estos experimentos: la reducción de impuestos a las grandes empresas no garantiza inversión productiva ni bienestar general, y suele traducirse en mayor desigualdad y fragilidad económica. Cuando para financiar esa rebaja se recortan áreas como salud o educación, no se está eliminando “grasa”; se está debilitando la base misma de la productividad futura.
Desde una perspectiva macroeconómica básica, el problema es aún más evidente. Retirar del consumo, o del circuito, cerca de 3.800 millones de dólares en gasto social no es neutro: es contraer directamente la demanda agregada de productos y servicios. A diferencia de los que ganan más o personas de altos ingresos, que tienden a ahorrar o a colocar excedentes en el exterior, los sectores populares y medios gastan la mayor parte de sus ingresos en la economía local, activando comercio, servicios y empleo. Es lo que la literatura reconoce como el efecto multiplicador del gasto público. Reducir ese flujo implica enfriar la actividad económica interna. Si a eso se suma una rebaja tributaria a grandes empresas que no garantiza reinversión productiva en el país, el resultado no es más crecimiento, sino una economía con menor dinamismo, más concentrada y dependiente de decisiones de inversión que, como muestra la evidencia reciente, muchas veces se toman fuera de nuestras fronteras.
Algo similar ocurre con la apelación a la “eficiencia” en el gasto social. El recorte a programas como la PGU o el INJUV, bajo la sospecha de fraude o mal uso, pero sin ninguna prueba o cifra que respalde dicha sospecha, no es una innovación técnica, sino un cambio de enfoque. Como ha planteado Thomas Piketty, la desigualdad se sostiene también en marcos ideológicos que erosionan la legitimidad de lo público. Cuando los derechos sociales pasan a ser tratados como beneficios cuestionables, lo que se instala es un modelo donde la protección deja de ser garantía y pasa a ser excepción.
El punto más delicado del plan, sin embargo, es la idea de compensar a empresas cuando decisiones judiciales frenen sus proyectos. Desde la perspectiva de Mariana Mazzucato, esto invierte completamente el rol del Estado: en lugar de orientar el desarrollo y asumir riesgos estratégicos en función del bien común, se transforma en asegurador de utilidades privadas. No es modernización; es renuncia. El Estado deja de conducir y pasa a cubrir los costos de decisiones empresariales, incluso cuando están en tensión con el interés público.
La pregunta de fondo es simple: ¿quién gana y quién pierde? La menor recaudación por impuestos a grandes actores económicos encuentra su contrapartida directa en el ajuste sobre pensiones, juventud y políticas sociales. No hay aquí un equilibrio técnico, sino una reasignación deliberada. La “eficiencia” funciona como relato; la redistribución regresiva, como resultado.
No estamos ante una innovación audaz, sino ante el retorno de una fórmula conocida, cuyos efectos ya han sido ampliamente discutidos. Presentarla como sentido común no la vuelve neutral. La convierte, más bien, en una apuesta política que vale la pena nombrar por lo que es, castigo a la chusma inconsciente, como dijera Arturo Alessandri Palma, que voto por sus verdugos.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad
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