El diputado Luis Cuello ha convertido su cruzada por la expropiación de inmuebles fuera de norma y abandonados en Valparaíso en un espectáculo de improvisación jurídica, revelando una contradicción insólita: siendo abogado titulado, parece desconocer los principios más básicos del derecho de propiedad y el marco legal chileno. Su propuesta, envuelta en retórica patrimonialista, no solo es inconstitucional, sino que expone una estrategia política más preocupada por los titulares periodísticos que por soluciones reales.

Diputado, la expropiación no es un acto de magia

Cuello insiste en que el Estado debe expropiar 139 propiedades en el Barrio Puerto, utilizando el 2% constitucional para calamidades públicas, alegando "riesgo de incendio y abandono". Olvida o ignora que dicho fondo está reservado para emergencias inmediatas (terremotos, inundaciones), no para proyectos de rehabilitación urbana a largo plazo. Peor aún, la Constitución (Art. 19 N.º 24) exige una ley específica que declare la utilidad pública y una indemnización previa, requisitos que su propuesta obvia con frivolidad o desconocimiento legal. Parece confundir el populismo con el Estado de derecho.

El doble discurso de sus aliados

Mientras Cuello exige expropiaciones, sus socios en el Gobierno y el Municipio, como el delegado Riquelme y la alcaldesa Nieto, se limitan a declaraciones ambiguas: "Suena interesante, lo analizaremos". Ninguno se atreve a respaldar su idea porque saben, o intuyen, que jurídicamente es inviable. La alcaldesa, de hecho, admite que el problema es la falta de subsidios y fiscalización, no la propiedad privada. ¡Bravo, por fin! ¿Por qué Cuello no exige a sus aliados aplicar las herramientas ya existentes? Por ejemplo, la Ley de Monumentos Nacionales permite sancionar a dueños negligentes, y el MINVU tiene programas de rehabilitación. Pero es más fácil culpar a "los dueños de los inmuebles y a sus moradores" que asumir la desidia estatal de décadas: los subsidios que nunca llegaron a los habitantes del casco histórico, la falta de cuidado del patrimonio, la desaparición de fondos públicos y, en el mejor de los casos, su mal uso.

El oportunismo tras el incendio

Tras el siniestro en el Barrio Puerto, Cuello aprovechó para viralizar su propuesta, pero su solución es tan superficial como peligrosa:

No propone un plan técnico: ¿Cómo se tasarían los inmuebles? ¿Qué garantías tendrían los dueños o herederos?

Ignora el precedente: en 2023, la Cámara de Diputados aprobó una expropiación en Valparaíso siguiendo el Decreto Ley 2.186, con indemnización y juicio previo. Cuello, que votó a favor, ahora quiere saltarse el procedimiento. Curioso… parece que se acercan elecciones.

Demagogia con toga

Cuello podría ser un actor clave en la recuperación de Valparaíso si usara su formación jurídica para:

Exigir al Gobierno y al Municipio que fiscalicen y apliquen multas a dueños negligentes.

Impulsar subsidios patrimoniales para los propietarios reales de los inmuebles, no solo para los financistas e inversores.

Denunciar la falta de voluntad política de su propia coalición, que lleva tres años en el poder sin actuar sobre el casco histórico ni los ascensores.

En vez de eso, prefiere el atajo populista: prometer soluciones mágicas que, de implementarse, generarían un caos judicial y desincentivarían la inversión. Valparaíso no necesita aprendices de derecho, sino autoridades serias. O el diputado estudia nuevamente sus manuales o admite que su discurso es pura pantomima electoral.

Jorge Bustos