La ciudad de Valparaíso, sus ciudadanos, sus representantes populares, no vamos a permitir la implementación de las seis medidas supuestamente modernizadoras que el Presidente Piñera anunció para Valparaíso y las otras ciudades puertos.
Enfrentamos a partir de ahora el desafío de unificar los distintos puntos de vista de las más disímiles organizaciones sociales y gremiales con el propósito de oponerse con toda nuestra fuerza de gente organizada a estos anuncios.
Nunca ha sido fácil encontrar coincidencias entre las organizaciones sociales y patronales y sus dirigentes. Otro gallo cantaría si las organizaciones sociales hicieran el ejercicio unitario de obrar de consuno frente a lo que amenaza intereses legítimos de los trabajadores, como aquellas riquezas que no se miden en dinero y que tiene que ver con la cultura y la historia de una ciudad como la nuestra
Hoy nos enfrentamos a la incapacidad de la autoridad para generar un Plan de Desarrollo Estratégico para enfrentar las normas del comercio internacional y dar respuesta a los acuerdos y tratados de libre comercio que nuestra patria ha suscrito, cuyos efectos en nuestra ciudad y en nuestro trabajo serán relevantes.
Lo anterior requiere de una iniciativa política, y sus necesarias derivadas jurídicas, que permita llevar a cabo un plan maestro, que debe ser necesariamente consensuado con operadores, usuarios, servicios, ministerios y, en especial, con los trabajadores que intervenimos en la cadena de servicio y producción de mercancías para el comercio internacional, como parte fundamental de nuestra matriz económica.
Una ley de esta naturaleza debe asegurar, determinar y regular sobre todo el tema de la libre competencia lo que, dicho en buen chileno, significa no permitir que los peces más grandes se coman a los peces más chicos y que en términos económicos debe significar asegurar confianzas y certezas a los emprendedores pequeños y medianos y a sus inversiones en nuestra industria.
Otro de los elementos insoslayable y es que este instrumento legislativo debe resolver, es la justa retribución que nuestras ciudades portuarias merecen por ser las sedes de negocios que implican enormes movimientos de capital. Resulta justo y necesario que mediante mecanismos de redistribución, parte de esa riqueza quede en nuestras ciudades.
Una medida como la propuesta permite un mayor nivel de autonomía y propicia proyectos de desarrollo específicos, alejándonos de los vaivenes propios de la mera voluntad de las autoridades centrales.
Sin duda la actividad del comercio internacional ha tenido un repunte digno de destacar en los últimos tiempos. Sin embargo, la modernidad y su crecimiento han tenido un costo social enorme, que no ha permitido avanzar en el concepto de trabajo decente y justamente remunerado. Desde nuestra perspectiva de trabajadores, una omisión de esta naturaleza, adentrados ya en el siglo XXI, no parece presentable por lo que la entendemos como un capítulo esencial en la futura ley.
Los gremios de trabajadores nos aprestamos no sólo a defender nuestras fuentes de trabajo, si no también a ser parte activa en el crecimiento y desarrollo de nuestras ciudades y desde nuestras capacidades e inteligencias, colaborar para disminuir los costos de la ineficiencia política y de la falta de servicios que el Estado no ha sido capaz de generar.
Jorge Bustos
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