La reciente entrevista a Camila Nieto, alcaldesa de Valparaíso, publicada en Pura Noticia, presenta varios puntos que merecen un análisis crítico y riguroso.

En su intervención, Nieto aborda el "Acuerdo por Valparaíso" y la necesidad de que los puertos tributen en sus ciudades. Sin embargo, es fundamental destacar algunas omisiones y desafíos que se desprenden de sus declaraciones.

Uno de los principales problemas que se evidencian en el discurso de la alcaldesa es el desconocimiento de la normativa vigente. La Constitución y la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado establecen que los funcionarios públicos deben actuar con imparcialidad y transparencia, priorizando el interés general sobre el particular. El "Acuerdo por Valparaíso", al ser un convenio entre autoridades locales y una empresa con intereses en la ampliación portuaria, genera dudas sobre la imparcialidad de las autoridades firmantes, dado que se comprometen a apoyar el proyecto a cambio de promesas de aportes económicos. Este tipo de acuerdos podrían violar el principio de probidad al crear un conflicto de interés potencial.

El acuerdo mencionado compromete la imparcialidad de las autoridades involucradas, ya que la Municipalidad de Valparaíso y la Gobernación Regional aceptaron el acuerdo a cambio de la promesa de la Empresa Portuaria de realizar aportes económicos a la comuna y la región. Estos compromisos se dan en el contexto de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto TCVAL, donde tanto el municipio como la gobernación participan de manera obligatoria, emitiendo informes y siendo parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) que califica ambientalmente el proyecto. Este tipo de acuerdos, en los que se establecen compromisos a cambio de beneficios económicos, podrían restar imparcialidad a las autoridades en la toma de decisiones sobre el proyecto portuario, vulnerando el artículo 8 de la Constitución y el artículo 52 de la Ley 18.575, que obligan a las autoridades a actuar con probidad y priorizar el interés general.

La Contraloría General de la República ha establecido límites a la capacidad de las municipalidades para celebrar convenios o recibir aportes de entidades que tengan interés en la calificación ambiental de proyectos. Estas restricciones buscan garantizar que las decisiones de las autoridades sean imparciales y basadas en criterios técnicos, no en intereses económicos. Ignorar estas limitaciones puede comprometer la transparencia del proceso y generar dudas sobre la legalidad de las decisiones tomadas.

Otro punto crítico en el debate sobre el desarrollo portuario de Valparaíso es la omisión del concepto de libre competencia. A pesar de que la expansión portuaria podría generar un mercado más competitivo, la falta de discusión sobre este tema es preocupante. El principio de libre competencia es esencial para asegurar un mercado justo y eficiente, donde las empresas puedan competir en igualdad de condiciones, que además permita que más empresas gocen de las riquezas que deja el comercio internacional y contrate habitantes de la ciudad. La falta de discusión sobre este principio puede ser un indicio de que no se está considerando el riesgo de que la ampliación portuaria pueda generar un monopolio o una situación de oligopolio, lo que perjudicaría a otras empresas, a la economía local y aumentaría el empobrecimiento y deterioro de la ciudad.

El "Acuerdo por Valparaíso" es un ejemplo concreto de los problemas descritos anteriormente. Si bien el acuerdo busca impulsar el desarrollo portuario y el borde costero, también plantea serias dudas sobre su legalidad y transparencia. Es fundamental que cualquier acuerdo de este tipo sea transparente y que cuente con la participación de la ciudadanía informada, sobre los reales alcances de esta operación política. Las autoridades deben actuar con imparcialidad y evitar cualquier situación que pueda comprometer su objetividad.

En definitiva, el desarrollo portuario de Valparaíso requiere un enfoque más riguroso y transparente. Es fundamental que todos los actores involucrados, incluyendo las autoridades locales, los empresarios y la ciudadanía, comprendan las implicaciones legales, económicas y administrativas de las decisiones que se tomen. Solo a través de un debate informado, basado en el conocimiento de la normativa y la consideración de los aspectos económicos y sociales, se podrá construir un puerto que beneficie a la ciudad y a sus habitantes.