Las cronologías de los hechos siempre resultan importantes cuando se hace una discusión y más aún si ésta se hace de cara a los habitantes de la ciudad. Un titular de El Mercurio destacaba el acuerdo del presidente de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y el alcalde Jorge Sharp para abrir a la ciudadanía el borde costero en la Zona Barón. Sin embargo siempre es bueno recordar que esta idea nació en el gobierno de Ricardo Lagos, y dicha iniciativa fue presionada por la irrupción de un movimiento ciudadano nuevo que se expresó en el Puertazo el 14 de julio de 1999.

No obstante lo anterior uno de los primeros errores que surgieron para seguir manteniendo esa zona como portuaria fue precisamente que, a petición de la EPV, se cambió el uso de suelo de la Zona Barón porque ,según ellos era prescindible para la actividad portuaria y por lo tanto fueron sumados a la ciudad las casi 14 hectáreas que eran de su administración y propiedad. Dicho trámite se llevó a efecto el 2005 no sin grandes discusiones ni enfrentamientos en el municipio. Ese mismo año los organismos del Estado aprobaron la Resolución de Calificación Ambiental N°23 (RCA N°23) que protege la Zona con varias restricciones y pone en valor la Bodega Simón Bolívar.

A partir de esa fecha tanto la EPV como sus operadores se empeñaron en imponer un proyecto que lejos de contribuir a la ciudad y al Estado era nocivo para ambos. La construcción de un Mall nos tuvo enfrentados como ciudadanos hasta diciembre del 2017, cuando la Ilustrísima Corte Suprema determinó que el permiso era “ILEGAL”. Sin embargo lo que no se puede negar que a partir de la modificación del uso de suelo y la modificación del Plan Regulador, que sumaba a la ciudad la Zona Barón, es que ese paño no volvería nunca más a ser portuario y en lo sucesivo deberá regirse por el Plan Regulador Comunal y la RCA N°23 en el marco de la Ley de Urbanismo y Construcción, y en ese sentido la única actividad portuaria que procede y permitiremos es la de los cruceros.

En síntesis este julio del 2018 los ciudadanos hemos obtenido un triunfo al recuperar “una parte” del Borde Costero que nos quitara la Dictadura; no por voluntad ni empeño de los gobernantes actuales o los anteriores, sino porque sencillamente no tenían otra posibilidad. Acá no cabe ningún arreglo, menos un cambio de actitud por parte del actual municipio por el “fallecido” Terminal N°2. Las ilegalidades están a la vista en el contrato de concesión y sus modificaciones; la tramitación de la RCA para el proyecto, se gesta con ocultamiento de información relevante: Más allá que sea o no de nuestro agrado si se aprueba la RCA el Estado deberá pagar las compensaciones y mitigaciones si como ciudadanos no hacemos nada.

El logro de limitar la altura en la construcción de edificios ha sido otro de los triunfos ciudadanos que se obtuvieron con argumentos y fuerza , obligando a los concejales a modificar sus votos. Estas son las problemáticas sentidas y asumidas por los grupos organizados y empoderados de la ciudad que han empezado a entender que los derechos humanos también radican en poder vivir con dignidad, con sol, con vista y en un ambiente limpio y sin contaminación.

Invito a los ciudadanos que día a día deben cumplir con cientos de obligaciones administrativas para levantar sus negocios y emprendimientos, a que se sumen para defender la decencia, haciendo fuerza para obligar a los yanaconas y a los nuevos colonialistas, a que cumplan con las Leyes que la República se ha dado en estos 200 años. Los españoles y en particular OHL , nunca han ganado un contrato de manera legal; todo lo obtienen ilícitamente, con sobornos, con nula transparencia y de espaldas a los ciudadanos. Así lo afirma el abogado mexicano Pablo Diez y al parecer México no es el único país que sufre con los artilugios de estos colonialistas.

Desmantelemos esta nueva forma de defraudar al Estado, y desnudemos la mediocridad de autoridades sumisas en tribunales. Ya les bajamos el negociado del mall; cambiar de lugar el terminal N°2 será solo un trámite.

Jorge Bustos